La IBERO Puebla, a través de la Clínica Jurídica Minerva Calderón, ha obtenido una sentencia de amparo frente a las declaraciones del entonces gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, realizadas en una de sus conferencias matutinas, en las que se refirió a las personas desaparecidas con una narrativa que las culpabilizaba de su propia desaparición en razón de presuntas “actividades en las que estaban Involucradas”. En la resolución del amparo indirecto 393/2023, el Juez Décimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo en el Estado de Puebla estableció que las declaraciones del entonces titular del Poder Ejecutivo de Puebla fueron estigmatizantes y revictimizantes.
La sentencia emitida por el juez Carlos Alberto Osogobio Barón reconoce la grave crisis de desaparición en el país, refiriendo que se trata de un fenómeno complejo y multifactorial en el que la sociedad y las familias demandan la máxima atención del Estado. Este fallo protector, a su vez, considera que narrativas estereotipadas de las autoridades no pueden admitirse como expresión de un ejercicio legítimo de la libertad de expresión y del deber de brindar información de interés público.
La resolución judicial afirma que resulta “innegable que el lenguaje influye en la percepción que las personas tienen de la realidad, provocando prejuicios sociales”, por lo que las declaraciones de las más altas autoridades políticas generan la marginación de las personas desaparecidas y angustia a sus familiares. Además, establece que dichas narrativas impactan negativamente en la opinión pública, provocando “la aceptación e incluso la normalización de las desapariciones, lo cual resulta inaceptable en una sociedad democrática”.
La resolución reconoce el interés de las familias del colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla. Además, incorpora la perspectiva de género y la protección reforzada de niñas, niños y adolescentes para reconocer que “las mujeres que desaparecen en nuestro país han sido estigmatizadas de manera recurrente y juzgadas por la sociedad, todo ello formando parte de la violencia de género”, y que, en el abordaje de la desaparición de personas, la frase “algo habrán hecho” ilustra con claridad prácticas por las cuales México ha sido incluso objeto de condena por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Desde la Universidad Iberoamericana Puebla saludamos esta resolución del Poder Judicial de la Federación que establece límites claros a las autoridades políticas para evitar que la desaparición de personas sea objeto de discursos públicos revictimizantes y criminalizantes. En consecuencia, aunque la sentencia no ordenó una disculpa pública, exhortamos al gobernador, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, para que exprese un reconocimiento a las personas desaparecidas y sus familias que permita reparar la dignidad afectada. Por último, reiteramos nuestro llamado a las autoridades de Puebla a atender la crisis de desaparición y a cumplir con el deber de informar a la sociedad bajo un enfoque garante de los derechos humanos y de rendición de cuentas.
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