Hoy en día, las prisiones representan un espacio de excepción a la legalidad, pues las personas son sujetas a la ley, pero no a la protección de la misma.
Para una Universidad Jesuita es imprescindible reflexionar sobre las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de su libertad. Al mismo tiempo, se debe actuar en las condiciones de vida marcadas por la injusticia, discriminación y violencia.
Por tal motivo, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (IDHIE) de la IBERO Puebla dio inicio al Seminario Permanente de la Cátedra Ignacio Ellacuría, SJ 2020: Vivir entre cuatro paredes: contextos de encierro y derechos humanos.
Con ello, busca contribuir a la creación de espacios de conocimiento y reflexión que permitan comprender el contexto regional. A principios del siglo XX, Puebla era un entorno de una sociedad segregada, diferenciada y profundamente racista.
En esos años, la penitenciaría estatal se convirtió en un escenario de la ciencia de la antropología criminal. Así lo expresó el Dr. Francisco Valverde Díaz de León, director general del Medio Universitario. Se pensaba que en la prisión estaban acumulados todos los elementos de la fermentación y la descomposición social. No obstante, la mayoría de la población eran indígenas que, debido a la marginación, fueron orillados a delinquir.
“¿En qué medida los parámetros antropológicos siguen vigentes en los procesos de detención de personas que son señaladas como culpables sin un debido proceso?”, cuestionó. Prisiones en México: retos y posibilidades De acuerdo con cifras de 2018, Estados Unidos es el país que cuenta con la mayor cantidad de población en prisión: 2,300,000 personas; es decir 716 por cada 100,000 habitantes.
Le siguen China (1,700,000), Rusia (700,000) y Brasil (550,000). Estos países privilegian el encierro como una herramienta de control social cuya mirada discrimina por clases sociales. México (210,000) es el segundo país de América Latina (y séptimo a nivel mundial) con el mayor número de personas en prisión.
No obstante, la densidad de población en nuestro país es mucho menor que el resto de las potencias con población penitenciaria. Así lo expuso la Dra. Elena Azaola Garrido, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS). Para la encargada de impartir la conferencia inaugural del Seminario Permanente, lo que se muestra en las prisiones de América Latina es una serie de ilegalidades persistentes cometidas en nombre de la ley por operadores legítimos: estos agentes crean y mantienen estados de excepción. Explicó que el crecimiento exponencial de la población en las cárceles provocó que el Estado perdiera el control de las mismas.
Así, se generó una normativa pseudolegal que permite que los grupos de prisioneros tomen el control de la institución.
Esto contribuye a la construcción de narrativas ficticias sobre las condiciones en las que opera el sistema penitenciario. Las prisiones no han contribuido a contener la inseguridad. En promedio, 70% de las personas que están en las cárceles en América Latina están bajo prisión preventiva como consecuencia de procesos lentos.
En México, el porcentaje oscila entre el 40% para los hombres y 50% para mujeres. Azaola Garrido denunció que los sistemas de justicia operan bajo la ficción de que todas las personas que cometen delitos son castigadas, cuando la gran mayoría de quienes están en prisión preventiva son pobres.
“Nos hablan de crimen organizado, pero los crímenes más horribles permanecen impunes. Los homicidios crecen porque no existe la capacidad ni la voluntad de perseguir estos y otros delitos igual de graves”. México cuenta con 298 centros penitenciarios, de los cuales 17 son federales y el resto son estatales.
En nuestro país no existe un sistema penitenciario, sino que cada entidad federativa establece sus normas. Dentro de la población carcelaria, el 95% son hombres y el resto, mujeres. Sin embargo, el 60% de ellas se encuentran en penales mixtos, lo cual las coloca en condiciones de vulnerabilidad.
De 2014 a 2019, México había logrado reducir su población penitenciaria hasta en un 20%. No obstante, indicó la experta, ha habido un repunte en el contexto pandémico. Reprobó la opacidad y subregistro en las instituciones penitenciarias en torno a contagios y muertes por la COVID-19.
Aun así, se sabe que ha habido alrededor de 3,000 casos positivos y 300 decesos por esta causa. Las prisiones estatales se encuentran bajo el gobierno de grupos delictivos, por lo que existe una ausencia plausible del Estado en las mismas.
En cambio, en las cárceles federales hay una presencia abusiva de las autoridades. “El régimen de las cárceles federales produce un efecto deshumanizante y destructivo de las personas que causa múltiples síntomas.
En el fondo, produce la ‘muerte social’”, advirtió Elena Azaola. Durante el desenlace de su intervención, Azaola Garrido invitó a reflexionar y hacer un balance costo-beneficio sobre los daños que generan los sistemas penitenciarios a la sociedad y cómo se puede corregir y reenfocar el derecho penal. “Los grandes criminales tienen a grandes abogados; ellos sí saben cómo burlar la ley. No hay una correlación entre la criminalidad y la población penitenciaria”. Finalmente, compartió una serie de recomendaciones en la materia: revisar los códigos penales para identificar los delitos que realmente dañan; reducir la prisión preventiva oficiosa; mejorar las condiciones de asilamiento; diseñar medidas que permitan la prevención de actos delictivos, y crear observatorios ciudadanos de los centros penitenciarios.