Reconocemos la labor de INEGI y Coneval para ofrecer información relevante durante esta emergencia.
La Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE) difundida por INEGI ayer (1/06/2020), confirma los peores pronósticos de empobrecimiento derivados de las crisis económica y sanitaria que estamos viviendo. El crecimiento del desempleo y la reducción de ingresos de quienes conservan trabajo agravan la ya de por sí precaria condición del sistema laboral de nuestro país.
“Se confirman y se rebasan los pronósticos más graves. Se muestra el rostro perverso de un sistema laboral donde la mitad de los empleos carecían de contratación estable, el 87% no tenía mecanismos de defensa y negociación colectiva y más de la mitad trabajaban en la precariedad y la informalidad.” explica Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de “Frente a la Pobreza”.
“Y quizá lo más preocupante es que desde el gobierno no hay medidas para transformar el sistema laboral. Los cambios estructurales para superar los modelos abusivos basados en contratos temporales, en evasión de pagos a la seguridad social, en bajos salarios siguen pendientes.
Porque no hay programa social que sustituya al trabajo como puerta para salir de la pobreza.” Los datos del INEGI son altamente preocupantes, confirman la urgencia de tomar medidas extraordinarias para evitar el hambre y la pobreza alimentaria de las personas que pierden su trabajo y ofrecerles un ingreso vital, temporal y básico, como lo hemos propuesto un conjunto de organizaciones (Ver ingresovital.org).
Con datos del mes de abril, primer mes completo de la “cuarentena”: El desempleo total pasa de 7.7 millones a 22.1 millones. De los cuales 2.1 millones están en desocupación abierta y 20 millones se encuentran disponibles para trabajar.
Entre estos 20 millones, hay 13 millones que perdieron su vínculo laboral en marzo o en abril. La subocupación pasa de 5.1 millones a 11 millones de personas, más del doble (116%). Una de cada cuatro personas ocupadas está subocupada (25.4%)
La caída en trabajos asalariados es de 16%, al pasar de 38.8 millones de personas en marzo a 32.4 en abril. La caída en trabajo informal, quienes trabajan por su cuenta es mayor, al pasar de 12 millones en marzo a 7.7 millones en abril (36%).
Quienes conservan su ocupación también pierden ingresos. Quienes ganan hasta 1 salario mínimo -lo cual es totalmente insuficiente para mantenerse a sí mismos y a otra persona- pasan de 22% en marzo a 41.3% en abril. Un incremento en trabajos de muy baja remuneración de 46%. En contraste se pierden más de la mitad de los trabajos con ingreso superior a $11,100. En abril, solo 2.1 millones de personas, el 4.8% de personas ocupadas ganan más de esa cantidad.
En marzo eran 5.7 millones de personas poco más del 10% de personas ocupadas. La mayor pérdida de trabajos se presenta en micronegocios, que pasan de 22.8 millones de personas en marzo a 14.3 millones en abril. Son 8 millones menos.
En los pequeños establecimientos se pierden otros 2.3 millones de trabajos, en los medianos 500 mil y en los grandes establecimientos 1.3 millones de trabajos. El gobierno es el único sector que incrementa en 500 mil trabajos más, al pasar de 5.4 millones a 5.9 millones de trabajos.
Desde la sociedad civil reconocemos y celebramos la respuesta del INEGI para generar datos que son esenciales. A raíz de las medidas de aislamiento social, el INEGI anunció la cancelación de encuestas en hogares, lo cual impidió la aplicación de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) que es indispensable para conocer la evolución del empleo así como del ingreso y la pobreza laborales.
Aunque la Encuesta Telefónica (ETOE) no es totalmente comparable permite dimensionar la magnitud del problema que estamos atravesando. Esperamos se mantenga el esfuerzo para generar los datos correspondientes al trimestre abril – junio, y en adelante. También reconocemos el trabajo de Coneval que con su reciente informe alerta sobre el inminente crecimiento de la pobreza por esta situación de pérdida de ingresos laborales y trabajos, y la insuficiencia de los programas sociales para hacer frente a la magnitud de estos problemas.
Ante la emergencia, Frente a la Pobreza plantea al Gobierno de México la urgencia de continuar con la política de recuperación del ingreso de los trabajadores, eliminar todas las prácticas de subcontratación laboral abusivas y emprender de inmediato las reformas necesarias para construir en México un sistema universal de protección social que, además de garantizar el acceso efectivo y equitativo a la salud, incluya el pago en caso de incapacidad, enfermedad o desempleo; considere una pensión suficiente para una vejez digna, y un sistema de cuidados que al mismo tiempo que asegure los cuidados a niñas y niños en su primera infancia, amplíe las oportunidades para que las mujeres que lo necesiten se incorporen al mercado laboral con plenitud de derechos.