Durante 2023, los gobiernos de Puebla y Tlaxcala gastaron 6.7 y 16.7 por ciento más recurso de lo aprobado por sus congresos estatales y recaudaron más impuestos de lo previsto durante ese ejercicio fiscal. Para el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) este desfase refleja las deficiencias persistentes en la programación y planeación de los recursos, lo que contribuye al uso discrecional del dinero público, advierte el Informe Estatal del Ejercicio del Gasto 2024 del IMCO.
De acuerdo con el informe, Puebla y Tlaxcala tuvieron ingresos excedentes de 9.2 y 16.9 por ciento con respecto al estimado durante el ejercicio fiscal 2023. La subestimación de ingresos, además de ser una práctica generalizada, es un fenómeno recurrente y sistemático que cada año reportan los gobiernos estatales y que supone una mala práctica por el uso discrecional del gasto.
El IMCO detectó que el gobierno del estado de Tlaxcala ocupó el décimo lugar nacional con el mayor monto de discrepancia entre sus ingresos estimados y los efectivamente recaudados en los últimos nueve años fiscales, mientras que Puebla ocupó el lugar 22.
De acuerdo con el instituto, la principal causa de los excedentes se debe a que los gobiernos estatales solicitaron financiamiento que a la larga significó adquirir deuda pública. Sin embargo, en el estado de Tlaxcala, la situación es particular debido a que reportó durante 2023 cero deudas públicas sin solicitudes de financiamiento.
En ambas entidades, las irregularidades no solo se observan en los ingresos sino también en los egresos. De acuerdo con el reporte, Puebla y Tlaxcala gastaron más dinero público a lo aprobado por sus congresos estatales, sobre todo en los sectores de desarrollo social, es decir, en ayudas y apoyos económicos para las familias, con un menor porcentaje en destinar recursos para fortalecer el desarrollo económico.
Puebla destinó 73.3 por ciento del gasto en desarrollo social, mientras que 5.6 por ciento fue para desarrollo económico; en el caso de Tlaxcala18.9 por ciento fue para desarrollo social y solo 0.7 por ciento para desarrollo económico.
Estas “variaciones sistemáticas y significativas entre los montos aprobados y ejercidos en distintos conceptos de gasto son sintomáticas de un proceso inadecuado de planificación o ejecución de los recursos públicos por parte de las secretarías de finanzas estatales”, refiere el informe
Este tipo de variaciones denotan también los “amplios márgenes de discrecionalidad de los que disponen los gobiernos estatales en el ejercicio de los recursos públicos”, los cuales se vinculan, en general, a la falta de contrapesos por parte de los congresos locales que deberían fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos.
Al no cumplir esta función, la mayoría de los gobiernos estatales puede gastar montos significativamente distintos a los aprobados, distorsionando así las prioridades de gasto que determinaron las legislaturas de los estados, señala el IMCO.
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