El incremento de personas en situación de exclusión laboral durante la pandemia se acerca a 900 mil mujeres y más de medio millón de hombres.
El Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) presenta el 3er boletín de movilidad social en el mercado de trabajo, que actualiza los indicadores de movilidad laboral y presenta la situación de exclusión en el mercado mexicano de trabajo.[1] e identifica la población que sufre exclusión y rotación laboral negativa, identificando los principales factores asociados a la misma.
En México, una proporción importante de la población en edad de trabajar se encuentra excluida del mercado laboral. Algunos de los factores involucrados son la discriminación por género, edad y apariencia física, la falta de capacitación, los problemas crónicos de salud, la discapacidad, o vivir en zonas de marginación elevada. Todos estos son factores que limitan las opciones de movilidad social.
En el primer trimestre de 2020, 25.8 % de la población inactiva, pero en edad de trabajar, se encontraba excluida del mercado laboral. 7.2 millones de personas —de las cuales el 77 % son mujeres y el 23 % hombres— querían participar en el mercado laboral, o tenían necesidad de hacerlo, pero, por factores fuera de su control, no tenían trabajo, pero no buscaban uno. La mayoría de las mujeres (68 %) lo atribuyó a factores de género, como el embarazo, las responsabilidades de cuidado en la familia o la prohibición de trabajar por parte de algún familiar. Para el tercer trimestre de 2020, la población excluida del mercado laboral alcanzó los 8.7 millones de personas —28.9 % de la población inactiva—, de las cuales el 74 % eran mujeres y el 26 % hombres. El incremento total observado durante el choque de la pandemia se compone de casi 900 mil mujeres más y de arriba de medio millón de hombres. En cuanto a la exclusión durante el tercer trimestre, las razones de género se mantienen como las más importantes entre las mujeres, al alcanzar el 64 %.
En el contexto de la pandemia, resulta aún más apremiante que las políticas y leyes laborales se ajusten para resolver los problemas estructurales del mercado laboral mexicano. En primer lugar, se requiere garantizar la seguridad social universal, lo que incluye una política de cuidados. En segundo término, se deben hacer efectivas acciones antidiscriminatorias tanto en el ámbito público como en el privado. En tercer lugar, debemos fortalecer la capacitación y la intermediación laboral para desarrollar, activar y aprovechar las competencias del grupo de población afectado, a través de esquemas como el Sistema Nacional de Empleo. Estas políticas son complementos necesarios de la regulación del outsourcing.
La movilidad social ascendente se mantendrá estancada si grandes grupos de la población no cuentan con oportunidades de participar exitosamente en el mercado de trabajo.