El estudio proviene de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y fue realizado del periodo de 2012 a 2016
La gran mayoría de las violaciones a los derechos humanos presuntamente cometidas por miembros del Ejército mexicano que luchan contra cárteles del narcotráfico quedan impunes a pesar de las reformas que permiten a las autoridades civiles investigar y juzgar esos crímenes, de acuerdo con un informe publicado el martes.
El estudio de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés), considerado el primer análisis exhaustivo de las investigaciones de abusos militares efectuadas por la Procuraduría General de la República (PGR), halló que la justicia civil solo condenó a 16 soldados de un total de 505 investigaciones penales realizadas de 2012 a 2016, una tasa de éxito de 3.2 por ciento.
Además, hubo solo dos condenas por “responsabilidad de la cadena de mando” de oficiales cuyas órdenes derivaron en abusos, añadió.
Según el informe, los factores que obstaculizan las pesquisas civiles de personal militar incluyen las investigaciones paralelas civiles y militares, el acceso limitado a los testimonios de la tropa y las alteraciones de la escena del crimen efectuadas por soldados o los falsos testimonios.
“Este modelo de seguridad pública militarizada ha tenido un impacto negativo en el sistema de justicia penal de México. El sistema de justicia civil enfrenta retos -como las medidas de las autoridades militares que provocan obstrucciones o demoras de las investigaciones- que limitan la capacidad de las autoridades civiles para sancionar a los soldados implicados en crímenes y violaciones de los derechos humanos”, dice el informe.
El Ejército ha jugado un papel central en la guerra contra los cárteles de la droga al menos desde finales de 2006, cuando el recién elegido presidente Felipe Calderón envió a los soldados a combatir el narcotráfico. La ofensiva militarizada ha continuado bajo su sucesor Enrique Peña Nieto.
Durante todo este período se han multiplicado las acusaciones de violaciones graves a los derechos humanos a manos de militares, tales como torturas, matanzas y desapariciones.
Los detractores dicen que las fuerzas armadas mexicanas no están entrenadas para realizar actividades policiales. Pero muchos cuerpos policiacos en el país son considerados corruptos, superados en armamento e incluso cómplices de los grupos mafiosos, por lo que no se puede confiar en ellos para combatir a los cárteles.
Un caso de gran repercusión fue la matanza en 2014 de 22 presuntos delincuentes a manos de soldados en Tlatlaya, una localidad del centro del país. En un principio el Ejército dijo que fue un enfrentamiento, pero la evidencia dejó entrever que no hubo un tiroteo prolongado y algunos de los muertos mostraban señales de haber sido ejecutados.
Siete soldados fueron acusados de homicidio, pero las cortes civiles desestimaron los cargos por falta de pruebas. En agosto de este año, un juez ordenó investigar si los jefes del ejército habían desempeñado algún papel en la matanza.
Según el informe, Tlatlaya es un ejemplo de un caso en que los investigadores militares tuvieron acceso a la escena del crimen y a las declaraciones de los soldados antes que las autoridades civiles.
El informe pide medidas tanto de México como de Estados Unidos para reforzar el sistema judicial mexicano. También exhorta a Washington a entregar el dinero de ayuda solamente si las fuerzas de seguridad mexicanas mejoran su historial de protección a los derechos humanos, y pide que se apegue a las leyes estadounidenses que prohíben financiar a unidades que se sabe han cometido graves violaciones a dichos derechos.