La sesión para revisar la Ley duró 15 horas mientras en el exterior de la cámara alta hubo protestas de grupos que acusan a esta norma como violaría a DDHH
El Senado de la República devolvió a la Cámara de Diputados el dictámen que expide la Ley de Seguridad Interior, luego de su aprobación en lo general y en lo particular en el marco de una larga sesión de más de 15 horas.
El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Ernesto Cordero, turnó a San Lázaro el dictamen con diversos cambios que expide este marco legal el cual normará y regulará el uso de fuerzas federales en estados y municipios cuando estos sean rebasados por la delincuencia organizada.
? Se somete a votación el dictamen de la Ley de Seguridad Interior así como la denominación de la Ley y artículos que habían sido reservados. https://t.co/rlkUDYJOMP
— Senado de México (@senadomexicano) 15 de diciembre de 2017
El dictamen avalado por 71 votos a favor, 34 en contra y tres abstenciones señala que el Consejo de Seguridad Nacional determinará la procedencia de la intervención de la Federación en estados o municipios y expedirá dentro de las 72 horas siguientes la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior.
Asimismo en aquellos casos en que las amenazas representen un grave peligro a la integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones de gobierno, el presidente bajo su estricta responsabilidad, podrá ordenar acciones inmediatas de las Fuerzas Armadas. Se establece que la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, no podrá exceder de un año. Agotada su vigencia, cesará esta intervención, así como las acciones de seguridad interior a cargo de las Fuerzas Armadas.
Aunque, la declaratoria podrá modificarse o prorrogarse por acuerdo del Presidente, mientras subsista la amenaza a la seguridad interior que la motivó. Además las Fuerzas Federales y las Armadas desarrollarán actividades de inteligencia en materia de seguridad interior. Podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información.
Mientras los senadores hacían el análisis, la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se pronunciaron por un diálogo nacional y lanzaron un llamado conjunto al Estado Mexicano a «abstenerse de aprobar el proyecto».
A la par Representantes de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y organizaciones como CENCOS, Fundar y Articulo 19 consideraron que la Ley abre la puerta a los abusos y la militarización en el país. Protestaron afuera de las instalaciones sede del Senado las cuales fueron clausuradas de manera simbólica.
Clausura simbólica del @senadomexicano. Mexicanos piden que no se apruebe la #LeyDeSeguridadInterior pic.twitter.com/gHnZI9wPmj
— Cencos (@cencos) 14 de diciembre de 2017
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Clausuramos el @senadomexicano. Con la aprobación de la #LeyDeSeguridadInterior se abre la puerta a más violaciones… https://t.co/cqEjENO21B
— ARTICLE 19 MX-CA (@article19mex) 14 de diciembre de 2017
Finalmente, es necesario comentar que hubo oposición de los senadores integrados en el bloque del Partido del Trabajo y Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA). Los legisladores mencionaron que la Ley instaura un estado policíaco militar, que se caracteriza por: 1) Mantener un estricto control social por medio de las fuerzas armadas; 2) Las amenazas ya no son externas, el enemigo es interno: terrorismo, guerra contra las drogas, crimen organizado; y, 3) Las empresas trasnacionales exigen la garantía de la represión policíaca y militar.
«El Estado policíaco militar se edifica paso por paso. La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada de 7 de noviembre de 1996 y las reformas al Código Penal Federal de ese año, establecen el tipo penal de delincuencia organizada: “unión de 3 o más personas para cometer entre otros delitos el de terrorismo”. Permiten las operaciones encubiertas y la intervención de comunicaciones privadas. En 2002, México se integró al Comando Norte tras los atentados en Nueva York del 11 de septiembre de 2001, y de la expedición de la Patriot Act.», dijo el senador poblano, Manuel Bartlet Díaz.