Los representantes de la plataforma digital que brinda el servicio de transporte defendieron su funcionamiento en la entidad.


Los representantes de la plataforma digital Pronto, calificaron como «ilegal» y «abusiva» la retención por parte la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado (Secte) de cuatro automóviles que prestaban el servicio de transporte privado.

Al respecto, Nydia Cano, integrante del grupo de impulsores de la plataforma digital, explicó que el Gobierno del Estado no ha dado soluciones que les permita operar sin problemas en Tlaxcala, mientras tanto dijo que seguirán operando aprovechando las lagunas que existen en la ley local en cuento a la prestación del servicio de taxis. Además indicó que ese tipo de mecanismos no ha generado problemas durante su puesta en operación en otras entidades del país, sin embargo en Tlaxcala se persigue a los jóvenes emprendedores.

Al respecto, señaló que los inspectores de Secte y los elementos de seguridad de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), implementaron un operativo ilegal y hasta abusivo, toda vez que encañonaron a los operadores tratándolos como delincuentes, por lo que adelantaron que los afectados y los más de 100 conductores registrados en la plataforma digital se van a amparar contra la medida emprendida por la Secte para sacar de circulación los vehículos que presten el servicio de transporte privado.

Además, los empresarios de Pronto solicitarán la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por los abusos cometidos, así como hacer valer jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para continuar en el mercado.

Más adelante, acusaron que el titular de la Secte, Noé Rodríguez Roldán, ha sido omiso en su función, pues solo ha dado largas para poder dar solución a la plataforma digital de transporte privado, y no ha mostrado voluntad para resolver la controversia con base en las nuevas necesidades de movilidad de la población y por ser un tema de interés público.

Lamentaron la postura del Gobierno del Estado al incurrir en estas acciones contra el grupo de jóvenes emprendedores, quienes incluso argumentaron que el modelo que tienen para brindar este servicio ha sido buscado por otros estados, quienes están en la disposición de legislar para permitir la operación de este servicio; pues su intención es que brinden el servicio en 17 entidades en 2018.

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