Protección Civil considera que es uno de los inmuebles de construcción reciente más afectados
A un mes del sismo de magnitud 7.1 del pasado 19 de septiembre, la Torre Cima de 57 departamentos y 22 pisos, evacuada por los condóminos, no ha sido inspeccionada por la Unidad Municipal de Protección Civil del ayuntamiento de Puebla, pese a que hay visos de daño en la súper estructura.
El titular de la dependencia capitalina, Gustavo Ariza Salvatori, recordó que el edificio está ubicado entre Avenida Las Torres y el fraccionamiento La Vista, y está considerado como uno de los inmuebles de construcción reciente más dañados por el movimiento telúrico; pero, permanece completamente cerrado y sin ninguna intervención para reparar las afectaciones que muestran muros externos, así como otros internos, principalmente en el área de elevadores.
Ariza Salvatori afirmó que el dictamen que tiene Protección Civil “es que la super estructura tiene algunos daños; no sabemos qué, porque nosotros no hemos podido entrar a hacer la inspección. No nos han permitido la inspección del edificio, como es un lugar privado se pueden reservar el derecho a que nosotros entremos”.
El edificio empezó su construcción a finales del 2010, durante el primer año del sexenio del entonces gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, y para poder consolidar el proyecto arquitectónico, se tiró una plancha de cemento que ocupó el área considerada como zona federal del río Atoyac, según la Comisión Nacional de Agua (Conagua). La superficie rellenada en parte con una toneladas de rocas.
La torre residencial se terminó de edificar en 2012, encargándose de su comercialización la firma PISA Desarrolladora Inmobiliaria, propiedad de Javier Pacheco Pensado y Salvador Echeguren Barroeta. El primero, hijo Javier Pacheco Pensado, éste último hijo de Guillermo Pacheco Pulido, ex alcalde de la ciudad de Puebla y ex presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). El segundo es hermano de Ernesto Echeguren Barroeta, quien durante el sexenio de Melquiades Morales Flores trabajó como administrador de la reserva territorial Atlixcáyotl Quetzálcoatl, zona donde se ubica el edificio.
La pre venta de los departamento empezó con 1.5 millones de pesos. Para 2017, el costo de cada uno de los condominios es de 3.8 millones de pesos, según las ofertas vigentes en portales de firmas inmobiliarias.
El fraude
Los dueños de los departamentos han emprendido una lucha legal contra el constructor, al presumir que existe un fraude. Protección Civil de Puebla, entre tanto, desechó poder aplicar una sanción contra el responsable de los daños.
“Vamos a tratar de ingresar a petición de los dueños de los departamentos, para saber cuáles son las condiciones (…). Ellos tendrán que hacer las denuncias contra el que les vendió y contra la constructora. Es un tema entre particulares, que nosotros apoyaremos en dado caso que nos lo requieran”, advirtió Ariza Salvatori.
El funcionario explicó que el daño a la super estructura de la torre significa que hubo daños graves en muros de carga, trabes y castillos. “No es que se pueda venir abajo, pero significa que en este momento no se puede utilizar”.
¿El edificio es un riesgo? -se le preguntó.
– “Si no se hacen las reparaciones y si no podemos entrar, sí” -respondió.
Una investigación realizada por el periódico Milenio en abril de 2011, reveló que la Comisión Nacional del Agua (CNA) confirmó la invasión ilegal del cauce del río Atoyac para construcción de la torre de departamentos de lujo.
También, para entonces, abundó que la empresa responsable del proyecto fue el despacho Estudio Arquitectura, propiedad de Federico Bautista Alonso, ex secretario de Desarrollo Urbano y Obra Pública en parte del sexenio de Morales Flores y nieto del ex gobernador Gonzalo Bautista O’Farril, así como primo de Martha Erika Alonso Hidalgo, secretaría general del PAN en la entidad y actual aspirante a la gubernatura.
El también panist, Manuel Beristáin Gómez, entonces delegado de la Conagua, señaló la violación a Ley de Aguas Nacionales, debido a que nunca hubo trámites para ocupar la zona colindante con el río Atoyac, aunque posteriormente esto se regularizó.
La CNA detectó en ESE febrero de 2011 el relleno de la zona federal del río con las rocas, y hasta marzo de ese año hizo una inspección a petición de la entonces regidora de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Puebla, Verónica Mastretta.
No obstante, pese a las quejas u observaciones, ninguna autoridad detuvo la obra, que seis años después fue abandonada por iniciativa de los que compraron los condominios ante la probabilidad de que la plataforma y la cimentación con rocas se hubiese movido con el terremoto,