Entre beneficiados hay “operadores” de Laura Escobar Juárez, extitular de la Sedesom y actual dirigente de CPP.
Un 50 por ciento de los 84 nombramientos de base que entregó la administración de Luis Banck Serrato en su última sesión de Cabildo, son irregulares, entre los beneficiarios se encuentran familiares de exfuncionarios y aviadores; además no cumplen con las Condiciones Generales de Trabajo del sindicato firmadas en marzo pasado.
Así lo manifestó el regidor, Roberto Eli Esponda quien tras realizar una revisión de los expedientes de las 84 basificaciones entregadas, señaló que “operadores” de Laura Escobar Juárez, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social Municipal (SEDESOM) y actual dirigente del partido Compromiso Por Puebla (CPP) se encuentran en el listado.
Asimismo, resaltó que serían ilegales las bases de trabajadores del Sistema DIF Municipal (SMDIF), pues al ser un organismo descentralizado no pueden tener base en la administración municipal.
A ello sumó que en algunos casos no cumplen con los los requisitos que marcan las condiciones generales de trabajo firmadas en marzo de 2018, en las que se establece que para que un trabajador acceda una base debe tener al menos cinco años laborando en el ayuntamiento.
En ese sentido, ejemplificó el caso de la particular de Silvia Argüello de Julián que sólo tenía cuatro meses trabajando en el ayuntamiento.
Además dijo que el cuñado del regidor Enrique Guevara Montiel, y familiares de los exregidores Zeferino Martínez Rodríguez y Gabriela Viveros González, “estamos en contra de las bases discrecionales, pero respaldamos las que estén apegadas a los derechos laborales”.
En comisiones revisarán los expedientes de trabajadores Aseguró que hay condiciones para revertir al menos la mitad de basificaciones entregadas, para lo cual el Cabildo aprobó enviar a comisiones unidas de Desarrollo, Competitividad y Trabajo; Patrimonio y Hacienda Pública; y Transitoria el dictamen de entrega de nombramientos de bases a 84 trabajadores del ayuntamiento.
Dicha analisis deberá ejecutarse en un tiempo máximo de 30 días, es decir, tendrán como plazo el 25 de noviembre, tras lo cual tendrán que presentar “estudios ordenados”, acompañados de una propuesta de punto de acuerdo sobre el tema.
Al respecto, el síndico municipal Gonzalo Castillo Pérez señaló que las 84 bases son “ilegales”, pues la acta de Cabildo –del 5 de octubre– se avaló en sesión extraordinaria, lo que no es legal. Sin embargo, el artículo 88 del Reglamento Interior de Cabildo refiere que “Las actas se pondrán a discusión y votación en la siguiente sesión de Cabildo”, pero no precisa si deben ser extraordinarias u ordinarias.