Rubén Furlong pidió al Congreso de la Unión expedir la Ley de Seguridad Privada; consideró importante homologar criterios en control de confianza
Solo 220 empresas de seguridad privada están regularizadas en la ciudad de Puebla, señaló Rubén Furlong Martínez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Comparmex) en Puebla, quien hizo un llamado al Congreso de la Unión para expedir la Ley de Seguridad Privada que aportará la regularización necesaria para este sector.
«La seguridad privada es considerada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como coadyuvante de la seguridad pública«, recordó.
#Puebla | @CoparmexPdtePue, presidente de la @CoparmexPuebla, pidió se expida la ley de seguridad privada para que las empresas de este giro estén regularizadas. Hasta ahora solo hay 220 empresas de seguridad privada reguladas.
? @IrinaZaidz
Urbano | Noticias México pic.twitter.com/uTeGFrqQo6— URBANO? Noticia de Puebla y Tlaxcala (@urbano_noticias) November 1, 2022
Indicó que no hay un número exacto de empresas irregulares, pero refirió que es una aproximado cifra similar a las que sí tienen todos los permisos.
El líder patronal en Puebla consideró importante homologar criterios por el control de confianza en empresas de seguridad privada y así acelerar el proceso, ya que actualmente muchas trabajan sin esos trámites.
«Mientras expira la ley de seguridad privada, invitamos a los legisladores locales a homologar los criterios de la ley del estado de Puebla y la ley federal vigente. Así como a reconsiderar los exámenes de control de confianza, su diseño y hasta la pertinencia de su aplicación para los elementos de seguridad privada», llamó.
Furlong Martínez advirtió que estas empresas «patito» no pagan seguros ni prestaciones, a diferencia de las que operan en el marco de la ley; otras usan uniformes que no están aprobados por la Secretaria de Seguridad Ciudadana. Incluso, afirmó, muchas tienen permisos federales y laboran de manera espontánea, lo cual causa que generen otras fuentes de empleo con costos mayores de salarios pero sin certeza legal.
«Tienen que tener permiso estatal y federal para poder brindar el servicio, muchos solo tienen uno», puntualizó.