La solicitud de regidores y presidentes de comunidad de Hueyotlipan fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos.
Cinco regidores y seis presidentes de comunidad del municipio de Hueyotlipan, solicitaron mediante oficio al Congreso del Estado iniciar el procedimiento de suspensión o revocación de mandato del alcalde, Mauro León Garfias, por el incumplimiento constante y reiterado de sus obligaciones, daño patrimonial por más de 21 millones de pesos de los Ejercicios Fiscales 2017 y 2018, además de probable desvío de recursos públicos.
El oficio que fue recibido en la Secretaría Parlamentaria del Congreso del Estado el día 17 de septiembre, y turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos este día por instrucción de la presidenta de la Mesa Directiva, María Félix Pluma Flores, está firmado por los regidores, Miguel Ángel Vázquez Martell, Juana Anabel Robles Espinoza, Nicandro Guarneros Carrillo, María Cristina Morillon Cervantes, y Ana Bibiana Ramírez Suárez, y los presidentes de comunidad José Elías Flores Rodríguez, Juan Durán Cuéllar, Ismael Vega Hernández, Agustín Pérez Pérez, Angélica Díaz Sartillo y Luis Islas González.
Los integrantes del cabildo piden a los diputados locales iniciar el procedimiento de suspensión o revocación de mandato del presidente municipal de Hueyotlipan, Mauro León, a quien acusaron de no cumplir con sus obligaciones lo que ha derivado en la reprobación de las cuentas públicas de los Ejercicios Fiscales 2017 y 2018, generando probable daño patrimonial general en ambos años por la cantidad de 21 millones 912 mil 944.92 pesos.
Con lo anterior, los presidentes de comunidad y regidores sentenciaron que el alcalde ha incumplido constante y reiteradamente con sus obligaciones, y tampoco ha cumplido con las observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS).
Explicaron que entre los malos manejos realizados por el edil en el manejo de los recursos públicos se encuentran: precios elevados por conceptos que no son acordes a las condiciones de costos vigentes en la zona o región; incumplimiento del destino y fin; comprobantes fiscales no vigentes y sin certeza de que los bienes o prestación de servicios se hayan realizado; faltante de efectivo en caja; pagos improcedentes; falta de documentación comprobatoria; préstamos personales; conceptos de obra pagados y no ejecutados; volúmenes pagados en exceso y vicios ocultos.
Además, el OFS determinó que durante la revisión y fiscalización se detectaron incumplimientos a diversos procesos o actos jurídicos que generaron un impacto financiero para el municipio y presunta responsabilidad de los servidores públicos que lo autorizaron.
Por lo anterior, pidieron a los congresistas locales iniciar el procedimiento correspondiente para que el edil responda por el probable desvío de recursos y demás delitos en detrimento del patrimonio municipal.