Legisladores piden la intervención de la Auditoría Superior del Estado para deslindar responsabilidades.
El presidente municipal de Huauchinango, Gustavo Vargas Cabrera, denunció que en general en toda la Sierra Norte de Puebla, las anteriores administraciones dejaron prácticamente “desmantelados” los municipios a las autoridades entrantes, incluyendo el rubro de seguridad, el cual se ha visto evidentemente afectado por la presencia de bandas relacionadas al crimen organizado, dedicadas particularmente al robo de combustible en toda esta región.
En encuentro con los diputados integrantes de la Comisión Inspectora de la LX Legislatura del Congreso del Estado, sentenció que es preocupante para toda la población de las comunidades serranas la situación de violencia e inseguridad que viven, por lo que urgió a los legisladores, a que los ayuden a reestablecer el orden público y sobre todo la vigilancia en Huauchinango, particularmente con el establecimiento de un C5 en aquel municipio.
No dejó de mencionar la problemática por la cual atraviesa el ayuntamiento de Huauchinango, en los rubros de recolección de basura, la ejecución de obras públicas de pésima calidad, así como la infuncionalidad de una planta tratadora de agua potable y cuyo costo superó los 170 millones de pesos, la cual fue inaugurada hace aproximadamente 20 meses y que fue ejecutada por el Gobierno del Estado.
Del mismo modo, acusó que enfrentan una deuda de anteriores administraciones por un monto de 140 millones de pesos ante la Comisión Federal de Electricidad, los cuales son impagables, por lo que también pidió la intervención de los legisladores para resolver esta problemática.
Sentenció que la delincuencia organizada está en su “total apogeo” en toda esa región de la entidad, hechos que se ven aún más afectados ante la ausencia de plataformas de tecnología, como son las cámaras de video-vigilancia, pues únicamente funcionan dos de ellas.
En cuanto a la “herencia” de la anterior administración, ilustró que también fueron afectados en el parque vehicular, no solo en las patrullas sino en general de todo el ayuntamiento, el cual está prácticamente inservible, por lo que solicitó el acompañamiento de una comisión por parte del Congreso del Estado, para que den cuenta de la situación que priva, y lo que ha llevado a la autoridad municipal y a sus pobladores a caer en un estado de indefensión y emergencia.
Dentro de estas mismas demandas, el presidente del Concejo Municipal de Cañada de Morelos, David Cid Huerta, denunció hechos similares en el ayuntamiento por toda la serie de irregularidades que dejó la anterior administración encabezada por el edil de Gaspar Rojas Torres.
También, denunció la grave incidencia de criminalidad y violencia que se vive en esta región del estado, por lo que solicitó la intervención del Poder Legislativo ante el Gobierno del Estado.
Por su parte, la diputada Mónica Lara, asentó que la Comisión Inspectora puede solicitar a la Auditoría Superior del Estado, la práctica de visitas y auditorías a los sujetos de revisión, por lo que pidió que los denunciantes cuentan con un término de 90 días a partir del primer día de su gestión, para presentar los procedimientos del estado en que encontraron los ayuntamientos por parte de las autoridades municipales salientes.
En este sentido, el diputado Miguel Trujillo de Ita, exhortó a las autoridades municipales a que denuncien estos hechos ante la propia Auditoría Superior del Estado y tomen cartas en el asunto y al mismo tiempo, hagan del conocimiento de la LX Legislatura para que sean puestas a consideración de las comisiones y del pleno para su análisis y discusión