La comisión dictaminadora consideró que no había elementos suficientes para iniciar el proceso de suspensión de mandato en contra del edil.
Los integrantes de la 63 Legislatura, absolvieron al presidente municipal de Tocatlán, José del Carmen Hernández Morales, de la revocación de mandato solicitada en agosto de 2018 por un grupo de pobladores que lo acusaron de extralimitarse en sus funciones y cometer abuso de autoridad.
El dictamen fue presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación, Justicia y Asuntos Políticos durante la sesión ordinaria de este jueves, en la que desestimaron las acusaciones hechas en contra del alcalde puesto que en ninguno de los casos se pudo acreditar la instauración de un procedimiento de suspensión o revocación de mandato en contra del presidente municipal.
En este caso recordaron que fue el 31 de agosto de 2018 cuando un grupo de habitantes del municipio solicitaron mediante oficio a los diputados locales el inicio del procedimiento de revocación o suspensión de mandato del alcalde, José del Carmen Hernández, a quien acusaron de extralimitarse en sus funciones, cometer abuso de autoridad, y no garantizar el orden y la seguridad de manera equitativa entre la población derivado de un enfrentamiento que dejó siete policías lesionados y el robo de dos armas de cargo, además denunciaron que no pagó prestaciones a 66 trabajadores del Ayuntamiento en 2017, y estar involucrado en el robo de materiales pétreos en el año 2014.
Sobre ese asunto, la Comisión dictaminadora estimó que no se demostró que José del Carmen Hernández, en su carácter de presidente municipal de Tocatlán, haya incurrido en abuso de autoridad, por lo que “deberá absolvérsele de la suspensión de mandato pedida en su contra”.
Dicha propuesta fue sometida a votación de los integrantes del pleno del Congreso del Estado, y fue avalada por mayoría por lo que se determinó absolver al presidente municipal del proceso de revocación de mandato que los pobladores Sergio Avendaño Pérez, Arturo Báez Contreras, Enrique Avendaño González y Quirino Torres Hernández habían solicitado.
No obstante, los diputados dejaron a salvo los derechos de los solicitantes con relación a las imputaciones que se tornaron ajenas a la naturaleza de este asunto, así como respecto a las que quedaron intocadas, en razón de su generalización excesiva.