Insistió en que la aprobación de este proyecto de ley será un contrasentido contra el avance de los derechos humanos que se había logrado afianzar.
El rector de la Universidad Iberoamericana, Fernando Fernández Font aseguró que el proyecto de la Ley de Seguridad Interior que se someterá a consideración de las Comisiones dictaminadoras del Senado el día de hoy amenaza la garantía de los derechos humanos en el país.
En un desayuno con los medios de comunicación, Fernández Font recordó que la legitimación de la intervención pública por las fuerzas armadas para suplir a las policías es el antecedente de militarización de los países en la historia de América Latina.
El rector de la UIA aseguró que la ineficiencia de las policías así como incompetencia y omisión responde a la corrupción en las altas esferas del poder. «No culpo a la policía, es producto de la corrupción en las esferas, los verdaderos culpables están arriba».
Insistió en que la aprobación de este proyecto de ley será un contrasentido contra el avance de los derechos humanos que se había logrado afianzar.
Aseguró que la ineficacia de este esquema militar para combatir inseguridad que se vive en el país ha fracasado y que es falsa la premisa de que las fuerzas armadas garanticen el orden social. «¿Ha cambiado en algo la inseguridad que vivimos con militares patrullando?, claro que no».
Incluso acusó que su presencia sólo contribuirá a la violación de los derechos humanos, para lo cual recordó los casos de la masacre de Tlatlaya, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, situaciones en la que se ha probado la responsabilidad del Ejército Mexicano.
Esta declaración del jesuita se sumó al llamado urgente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) al Estado mexicano para que, atendiendo a sus obligaciones constitucionales y convencionales relativas a la preservación y defensa de los derechos humanos, se abstenga de aprobar el proyecto de la Ley de Seguridad Interior y, en su lugar, abra un diálogo nacional sobre el modelo de seguridad en México bajo un esquema que, sin inhibir la actuación legítima del Estado, preserve y garantice los derechos fundamentales de las personas.
«Aún cuando se han hecho públicos algunos cambios que se aplicarían al proyecto de Ley originalmente planteado, el mismo sigue presentando aspectos altamente preocupantes para la vigencia y respeto de los derechos humanos en México. La vasta mayoría de las observaciones hechas al proyecto original se mantendrían vigentes en tanto las eventuales modificaciones no implicarían cambios sustantivos. Además, las observaciones son de tal envergadura y las voces en contra que se han manifestado de tal diversidad, que resulta indispensable la materialización de una deliberación amplia, honesta e inclusiva que atienda de manera efectiva los múltiples señalamientos formulados, en el marco del respeto a la dignidad humana», difundieron hoy en un comunicado
Colocar al ejército en las calles amenaza la garantía de los Derechos Humanos. La presencia de las fuerzas armadas no ha conseguido que se viva en mayor paz. pic.twitter.com/ShReZcQo6X
— IBERO Puebla (@IberoPuebla) 13 de diciembre de 2017
El pronunciamiento asegura que la CNDH y la ONU-DH consideran que no existen las condiciones propicias para aprobar el Proyecto de Ley durante el proceso legislativo que termina el próximo viernes 15 de diciembre y hacen un respetuoso exhorto para que se amplíe su debate y discusión a efecto de prevenir situaciones que actualicen o propicien que se vulneren los derechos humanos al amparo de la ley antes mencionada.