El nuevo artículo 284 bis de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que el INE proveerá lo necesario para garantizar el voto en los centros penitenciarios.
Más de 100 mil personas en prisión preventiva podrían ejercer su derecho a votar, de acuerdo con la reforma electoral propuesta por la Presidencia de la República, la cual será retoma en febrero para su aprobación definitiva, de acuerdo con una nota del periódico Excélsior, que se reproduce a continuación:
El llamado plan B electoral, cuyo proceso quedó pendiente para febrero próximo, prevé que al menos 100 mil personas en prisión preventiva oficiosa puedan ejercer su derecho al voto para elegir Presidente, senadores y diputados federales.
El nuevo artículo 284 bis de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que el Instituto Nacional Electoral (INE) proveerá lo necesario para garantizar el voto en los centros penitenciarios.
Esta nueva disposición deriva de una sentencia judicial de febrero de 2019, mediante la cual el Tribunal Electoral resolvió que las personas en prisión preventiva tienen derecho a votar y ordenó al INE garantizar su sufragio en las elecciones de 2024, de acuerdo con el Instituto Belisario Domínguez del Senado.
Al menos 106 mil personas en todo el país están en prisión preventiva, tanto por delitos del fuero común como del federal.
En su sitio web, el INE informa sobre la aprobación de un acuerdo, por parte del Consejo General, para llevar a cabo una prueba piloto y que las personas presas puedan participar en 2023 en los comicios de Coahuila y del Estado de México.
Podrán votar hasta 100 mil reos
La reforma electoral, que tendrá que esperar hasta febrero para concluir su proceso legislativo, prevé que las personas en prisión preventiva oficiosa podrán ejercer su derecho al voto, lo que permitirá que al menos 100 mil personas podrán participar de los procesos federales para elegir Presidente, senadores y diputados federales.
“El voto de personas en prisión preventiva oficiosa se realizará en los centros penitenciarios en los que existan condiciones para tal efecto.
“El Instituto proveerá lo necesario para garantizarlo como un acto universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, así como su ejercicio sin presión o coacción electoral”, establece el nuevo artículo 284 bis de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Según el Instituto Belisario Domínguez del Senado, este cambio tiene sustento en una sentencia judicial.
“En febrero de 2019, la Sala Superior del Tribunal Electoral resolvió que las personas en prisión preventiva tienen derecho a votar, y que este derecho deberá ser garantizado en las elecciones de 2024”, dice el Instituto.
“Mediante dicha sentencia, el Tribunal ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) diseñar e implementar una etapa de prueba, a fin de garantizar este derecho en las elecciones del año 2024. Además, estableció que el INE identificará si el ejercicio del derecho al voto se aplicará solamente en la elección presidencial o en otras elecciones, según las posibilidades administrativas y financieras.
“En cumplimiento de dicha sentencia, el 3 de febrero de 2021, el Consejo General del INE, mediante el Acuerdo INE/CG97/2021, aprobó el modelo de operación para la prueba piloto de votación de las PPP para el proceso electoral federal 2020-2021.
“El INE consideró que el tipo de votación idónea para la prueba piloto era el voto postal anticipado, que llevó a cabo entre el 17 y 19 de mayo de 2021 en cinco Centros Federales de Readaptación Social, uno por circunscripción plurinominal, para la elección de diputadas y diputados federales. Y que tuvo una participación del 94.53% de la población que se encontraba en la Lista Nominal de Electores en Prisión Preventiva”, precisan los investigadores Juan Manuel Rodríguez Carrillo y Miguel Ángel Barrón.
Las cifras más recientes respecto de las personas privadas de su libertad que están en prisión preventiva precisa que son al menos 106 mil en todo el país, tanto del fuero común como del fuero federal.
En tanto, el INE informa en su sitio web que el Consejo General aprobó el acuerdo para la aplicación de la prueba piloto para que las personas privadas de su libertad puedan participar en 2023 en los procesos electorales de Coahuila y Estado de México.
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