Acompañados de asociaciones civiles, representantes de comunidades indígenas entregaron al Juzgado Quinto un recurso con el que expresaron su no consentimiento para extracciones mineras
Representantes del pueblo masewal que habitan en el municipio de Cuetzalan, en la Sierra Norte de Puebla, exigieron al Juzgado Quinto de Distrito en Puebla que proceda a la cancelación definitiva de las concesiones mineras otorgadas en su territorio como parte de una sentencia.
Acompañados de integrantes de la Fundación por el Debido Proceso (DPLF) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), entregaron un amicus curiae («amigo de la corte») en el que ese pueblo indígena expresó que no ha dado consentimiento para extracciones mineras.
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“Estamos aquí por los pueblos nahuas, totonacos y mestizos que habitamos la sierra norte y la sierra nororiental de Puebla pero también es una demanda que se hace por todos aquellos pueblos que no pueden levantar la voz o que no les permiten levantar la voz. Todas esas miles de hectáreas concesionadas a la minería, hidroeléctricas y empresas que extraen agua deben irse. Tenemos siete años en lucha, y no estamos cansados ha sido un proceso de aprendizaje”, dijo uno de los indígenas.
El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito se pronunció en sentencia definitiva del pasado 3 de marzo, sobre una controversia en torno a la validez de títulos de concesión minera, resolviendo que se había violado el derecho al consentimiento libre e informado del pueblo masewal.
Al ejercer su derecho a la autonomía y a la libre determinación, y haciendo uso de sistemas normativos propios, en una asamblea en Zacatipan, Cuetzalan, celebrada el 26 de junio, el pueblo masewal decidió no dar su consentimiento para la realización de actividades mineras dentro de su territorio.
Este 18 de agosto, el consejo Masewal realizó una entrega formal del acta de dicha asamblea ante el juzgado, al cual se le pidió cancelar las concesiones y no insistir en realizar un proceso de consulta, toda vez que se ha negado su consentimiento.
En apoyo a esta demanda, las organizaciones civiles DPLF y AIDA, así como el Observatorio de Protocolos Autonómicos Comunitarios (Observatorio) presentaron ante el mencionado amicus curiae, una herramienta ciudadana utilizada para aportar argumentos e insumos a un tribunal, para una mejor solución de una controversia jurídica.