De momento en la entidad no se ha aplicado sanciones en virtud del proceso del diálogo y armonización que se busca en el sector
El secretario de Movilidad y Transporte, Juan Tapia, reveló que en Tlaxcala existe un grave problema concerniente a la invasión y la existencia de rutas no autorizadas, pues de las 4 mil 389 concesiones autorizadas, el 40 por ciento registra irregularidades, lo cual significa que se tiene que realizar un trabajo muy concreto para su regularización.
En el caso del transporte irregular, sito a los “taxis piratas” que sin contar con una autorización y sin la adaptación del vehículo prestan ese servicio; del mismo modo se tiene la presencia de los “mototaxis” que también están fuera de norma porque no cuentan con ninguna autorización para brindar el servicio.
Precisó que los municipios donde prevalece y se han detectado estos problemas son, Nativitas, Tetlatlahuca, Sanctórum, Nanacamilpa, Benito Juárez, Mazatecochco, San Pablo del Monte, Españita y Tepetitla, registran la presencia de Taxis Piratas.
Para el caso de los municipios de Cuapiaxtla, Zitlaltepec, Hueyotlipan, Xalostoc, Papalotla, Texoloc, Huamantla y Nopalucan, existen los moto-taxis; mientras que la empresa Expreso-Xicohténcatl opera de forma irregular ya que no tiene con precisión qué tipo de permiso tiene sí, federal o estatal.
Sostuvo que se mantiene una estrecha comunicación con las diferentes agrupaciones de transportistas, para que las cosas caminen de otra manera.
Dentro de las acciones que lleva a cabo la Secretaría se encuentra la revisión y la supervisión permanente a través del cuerpo de inspectores, y se propone como una probable alternativa, previo al agotamiento del diálogo, la modificación de la normatividad que atañe generar una nueva ley en el estado para hacerla viable y adaptarla a la nueva ley de movilidad.
Refirió que usualmente los transportistas son los que detienen a las unidades que incurren en una invasión de rutas y los ponen a disposición de la autoridad, que de aplicarse la norma de acuerdo al artículo 396 del código penal vigente en el estado la sanción es de 2 a 7 años de prisión y la multa económica correspondiente.
Manifestó que de momento en la entidad no se aplica esta sanción en virtud del proceso de diálogo y armonización que se busca en el sector.
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