Se evalúan criterios sobre la difusión de la ley de ingresos, montos para municipios, recursos federales, deuda pública e información presupuestal.
Los gobiernos de Puebla y Tlaxcala obtuvieron niveles de cumplimiento y transparencia presupuestal de 100 y 96.6 por ciento de acuerdo con el Barómetro de Información Presupuestal Estatal 2022 (BIPE), que publica el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
El BIPE mide la calidad de la información presupuestal de las 32 entidades federativas y rubros como la publicación de los presupuestos y leyes de ingresos y egresos publicados en los periódicos oficiales con información aprobada por el congreso, que los datos sean accesibles al público, sobre todo los recursos federales y estatales y la información sobre qué se gastan, todo a fin de conocer la gestión de los gobiernos y la política de transparencia y rendición de cuentas.
De acuerdo con los resultados, Puebla tuvo una calificación de 100 por ciento durante la evaluación del ejercicio fiscal de 2011. Se observa una mejora a partir de 2008, año en el que los niveles de transparencia fiscal eran de 48 por ciento. En este caso, Puebla cumplió con criterios sobre la apertura, organización y difusión de la ley de ingresos, montos para municipios, recursos federales, deuda pública e información presupuestal.
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Tlaxcala tuvo una calificación de 96.6 por ciento y, aunque cumplió al 100 por ciento en 10 criterios sobre la transparencia de la información presupuestal básica, reportó una calificación de 90 por ciento en el avance sobre «rubros específicos», que tiene que ver con información relacionada a comunicación social, fideicomisos y otros subsidios. Por último, en el periodo 2008-2021, la transparencia de la información presupuestal pasó de 49 a 97 por ciento en la entidad.
Los 12 estados con el mejor puntaje fueron Baja California, Campeche, Chiapas, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Puebla, Querétaro, Quintana Roo y Yucatán con el 100 por ciento de cumplimiento.
Tlaxcala se ubicó en el lugar 20, mientras que los estados de Guerrero, San Luis Potosí, Michoacán, Estado de México y Morelos tuvieron las calificaciones más bajas con niveles de cumplimiento de 66 a 78 por ciento.