La CNDH presentó el estudio sobre el cumplimiento de las recomendaciones emitidas para detener la verificación ilegal de migrantes, secuestro y detenciones arbitrarias.
El gobierno del estado de Tlaxcala no ha contestado si ya cumplió las recomendaciones que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre las verificaciones migratorias ilegales y detenciones arbitrarias de personas migrantes, llevadas a cabo por elementos de instituciones estatales.
El Tomo II del “Estudio sobre el cumplimiento e impacto de las recomendaciones generales, informes especiales y pronunciamientos 2001-2017” de la CNDH, refiere que la entidad no emitió reportes sobre el cumplimiento de la recomendación 13/2006 que busca que los gobiernos analicen y modifiquen sus prácticas de detención de las personas migrantes para garantizar sus derechos humanos.
La ficha correspondiente a Tlaxcala indica un estado «sin respuesta» a la solicitud de información al 10 de julio de 2017 sobre las pruebas del cumplimiento de la recomendación primera: para que los elementos de las corporaciones estatales se abstengan de realizar actos ilegales de verificación de documentos migratorios y el cese de las detenciones ilegales.
Tampoco ha respondido a la recomendación segunda sobre la orden para que el gobierno local instruya a los presidentes municipales que se abstengan de realizar actos ilegales contra las personas migrantes, ni sobre el cumplimiento de cinco recomendaciones para garantizar, la vida, el libre tránsito y el acceso a la justicia.
En resumen, a partir de la evaluación de las recomendaciones dirigidas a las distintas instancias federales y estatales, solo 21 por ciento de los estados respondió de manera satisfactoria, el 23 por ciento las rechazo y 42 por ciento no respondió a las solicitudes de la CNDH.
Sin embargo,el organismo reportó que derivado de los llamamientos constantes a los estado para que garanticen los derechos de las personas migrantes, el Congreso de Tlaxcala modificó en 2012 el artículo 9 de la Ley de Protección y Atención a Migrantes y sus Familias para integrar el derecho a la protección en casos de detención arbitraria y el derecho a recibir atención médica.
