Esta violencia se manifiesta en actos discriminatorios, uso de lenguaje ofensivo, trato deshumanizado o esterilización forzada.
A sus 31 años, Sonia fue víctima de una esterilización no consentida. En una clínica del Seguro Social le practicaron una Oclusión Tubaria Bilateral (OTB), un método anticonceptivo permanente que consiste en la obstrucción de las trompas uterinas.
El 26 de mayo pasado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó por unanimidad que Sonia fue víctima de violencia de género, violencia obstétrica, tratos crueles, inhumanos y degradantes y una esterilización no consentida como una forma de tortura, pues ni ella ni sus familiares dieron su consentimiento previo, libre, pleno e informado para que se le practicara la OTB.
El caso que el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) recoge en su informe El Camino hacia la justicia reproductiva: una década de avances y pendientes muestra otra de las violencias que viven miles de mujeres, a manos del personal del Sistema Nacional de Salud, y que les provoca un daño sicológico durante su embarazo, parto o puerperio.
Se trata de violencia obstétrica, que puede manifestarse a través de prácticas invasivas, como las cesáreas sin justificación, suministro injustificado de medicamentos, retraso de la atención médica o falta de respeto a los tiempos de un parto. También en actos discriminatorios, uso de lenguaje ofensivo, trato deshumanizado o esterilización forzada.
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, 13.95% de las mujeres que sufrieron algún tipo de violencia obstétrica reportaron que les colocaron algún método anticonceptivo o las esterilizaron de forma permanente sin su consentimiento, mientras que a 30.9% las presionaron para aceptar un método anticonceptivo. El GIRE advierte que esta situación afecta desproporcionadamente a mujeres con discapacidad.
Los profesionales de la salud argumentan que realizan esta práctica en beneficio del denominado interés superior de la mujer o basándose en la creencia de que ciertas poblaciones, como las mujeres indígenas o con discapacidad son incapaces de tomar decisiones responsables sobre su reproducción, según reconoce la Relatora Especial del Consejo de Derechos Humanos sobre la violencia contra la mujer, en su informe Enfoque basado en los derechos humanos del maltrato y la violencia contra la mujer en los servicios de salud reproductiva.
En respuesta a solicitudes de información presentadas por el GIRE, la CNDH, reportó que entre enero de 2010 y enero de 2020 recibió dos mil 497 quejas por diversos hechos relacionados con violencia obstétrica
En tanto a nivel federal las instituciones de salud federal reportaron en total siete mil 431 quejas administrativas por violencia obstétrica, es decir, dos al día durante la última década.
Por su parte, las instituciones de salud locales informaron un total de 729 quejas.
Según la última información disponible, tres de cada diez mujeres refirieron haber sufrido maltrato por parte de quienes atendieron su parto entre 2011 y 2016.