Millones de mujeres han tenido un acceso limitado a la atención materna y neonatal, o simplemente no lo han tenido, alertaron.
Con los confinamientos y restricciones impuestos a causa del COVID-19, los países interrumpieron o acabaron con la atención de la salud materna e infantil y suspendieron el ejercicio de los derechos a la salud sexual y reproductiva. Es imperativo que los gobiernos los restauren de inmediato, afirma una experta de la ONU.
Con motivo de las medidas adoptadas en el mundo con el propósito de controlar la pandemia de COVID-19, millones de mujeres han tenido un acceso limitado a la atención materna y neonatal, o simplemente no lo han tenido, alertó este miércoles la relatora especial de la ONU sobre el derecho a la salud.
En un informe sobre el derecho a la salud física y mental, Tlaleng Mofokeng cifró en unos 14 millones el número de mujeres que a nivel mundial perdieron el acceso a los anticonceptivos y a los servicios especializados para las víctimas de violencia de género precisamente cuando más los necesitaban.
Son derechos humanos
Ahora, los gobiernos deben restaurar los servicios esenciales de salud sexual y reproductiva suspendidos debido a la emergencia y reafirmar que los derechos a esa sanidad son derechos humanos, puntualizó.
Durante la presentación de un informe sobre el tema, Mofokeng recordó a los gobiernos que los derechos de salud sexual y reproductiva son garantías fundamentales estipuladas en tratados vinculantes de derechos humanos, jurisprudencia y documentos de resultados de consenso de conferencias internacionales.
La relatora dijo que los bloqueos, las restricciones de movimiento y el desvío de fondos a causa del COVID-19 pusieron en peligro el acceso a los servicios esenciales de salud sexual y reproductiva.
Nuevas restricciones
“Además, hemos visto nuevas medidas y leyes vigentes en todas las regiones, que restringen aún más el acceso al aborto seguro, un componente de los servicios sexuales y reproductivos englobados en el derecho a la salud”, enfatizó.
Frente a este cuadro, la experta apeló a los Estados para que reconstruyan y fortalezcan los sistemas sanitarios y que promuevan los derechos de salud sexual y reproductiva para todos, como parte del derecho a la sanidad.
Destacó la importancia de que se eliminen los obstáculos y se garantice el acceso amplio a una atención de calidad que incluya la salud materna, la anticoncepción y el aborto, así como la detección del cáncer.
Del mismo modo, la relatora especial se pronunció por una educación sexual integral.
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