El mundo sigue pasmado ante el arribo violento al poder del Talibán tras finalizar la retirada del ejército de EE.UU.
La toma de control de los talibanes ha causado en Afganistán una ola de persecución, censura, segregación, éxodo, terrorismo y muerte contra civiles de todas las naciones, principalmente afganos. Este momento será recordado en los anales de la historia como un ‘agosto negro’. Sus repercusiones aún son imprevisibles. Lo que es claro es que no solo serán políticas, a nivel regional y global, sino que abarcarán otros aspectos estratégicos. Uno de ellos es el tráfico mundial de drogas ilegales.
La llegada del Talibán, considerado por especialistas y académicos como un grupo «narco-terrorista” obligará a un reacomodo en las operaciones de tráfico de drogas y en los grupos que tienen predominio en el mercado mundial, entre ellos los carteles de droga mexicanos que trabajan en esa región. Aunque Afganistán parece un punto en el mapa muy distante de México, y si bien hay diferencias históricas, sociológicas, religiosas y antropológicas entre ambos países, estas organizaciones tienen cosas en común: dependen financieramente del tráfico de drogas y utilizan la violencia para expandir sus territorios y tener poder político. Aunque en el pasado se consideraba que los carteles mexicanos no tenían interés en obtener espacios en el gobierno, lo ocurrido en las pasadas elecciones del 6 de junio en México demuestra una tendencia clara de que sí quieren esos espacios y quieren imponer gobernantes.
No soy yo la primera en hacer un paralelismo entre los talibanes y los narcotraficantes mexicanos. Un antecedente oficial y documentado es lo expuesto en el Congreso de Estados Unidos, en una audiencia llevada a cabo ante el subcomité de Seguridad Nacional y Relaciones Exteriores en octubre de 2009, denominada «Empresas transnacionales de tráfico de drogas: amenazas para la estabilidad global y la seguridad del Asia occidental, América Latina y África occidental”. En dicha audiencia, renombrados expertos y analistas pusieron sobre la mesa el peligro global de los talibanes y de los carteles mexicanos, y señalaron sus peligrosas coincidencias, las cuales a lo largo del tiempo se han incrementado.
Narco-terroristas
Como lo mencioné en la colaboración de principios de agosto referente a la crisis del fentanilo en México, este país, junto con Afganistán y Myanmar, concentran el 95 por ciento de la producción mundial de amapola, con todo lo que ello implica: producción y tráfico de opio y heroína, y las mezclas con precursores químicos.
En México, los encargados de producirla y traficarla son los carteles de la droga con la complicidad de funcionarios del gobierno. En Afganistán, ese rol lo llevan a cabo grupos directamente vinculados al Talibán, según documentos del Departamento de Estado de Estados Unidos y la ONU, y también lo han hecho con la complicidad de funcionarios del gobierno, incluyendo el gobierno al que Estados Unidos dio soporte.
De acuerdo con las cifras señaladas en la audiencia referida, en 2009 se calculaba que el 50 por ciento del Producto Interno Bruto de Afganistán provenía de los recursos de la venta ilegal de drogas. En México hasta ahora la proporción no ha sido calculada. La posición pública del Talibán sobre la producción de amapola en esa nación ha sido siempre ambigua. Se pronuncian porque el consumo de derivados de la amapola está prohibido, pero la producción y comercio no.
Según el informe de «Estrategia Internacional de Control de Estupefacientes 2021”, elaborado por el Departamento de Estado de E.E.U.U. y publicado cinco meses antes de la llegada del Talibán al poder, «la mayoría de la producción de opio en Afganistán ocurre en áreas bajo la influencia o control del Talibán. Los talibanes obtienen ingresos considerables del cultivo de amapola y el tráfico de drogas afgano, que no solo genera conflictos, sino que socava el Estado de derecho, alimenta la corrupción y contribuye a los altos índices de consumo de drogas entre los afganos”.
«Los narcotraficantes de Afganistán proporcionan armas, financian y dan otro tipo de apoyo a la insurgencia (Talibán) a cambio de protección. Algunos insurgentes (talibanes) están directamente involucrados en el tráfico de drogas o imponen impuestos a la producción y tráfico para financiar sus operaciones”
En ese reporte se reconoce que durante los años de presencia militar de Estados Unidos en Afganistán se implementaron programas para ayudar al gobierno afgano a combatir el narcotráfico, pero evidentemente fracasaron. Igual ocurrió en México.
En Afganistán, aunque hubo golpes importantes de incautación de droga y precursores químicos, las incautaciones y erradicación de plantíos fueron disminuyendo con el paso del tiempo. Según el reporte, en 2020 no se pudo verificar ninguna erradicación de los plantíos de amapola, «como en años anteriores, la falta de voluntad política y el enfoque del gobierno central, así como el control continuo de los talibanes sobre muchas de las áreas rurales donde se cultiva la amapola, contribuyeron a resultados limitados de erradicación”.
Un informe elaborado por la ONU publicado en abril de 2021 denominado «Afganistán, Estudio del Opio 2020”, coincide con el diagnóstico. El cultivo de amapola está directamente vinculado a la presencia del Talibán. La ONU afirmó que el cultivo de amapola creció exponencialmente de 2019 a 2020, pasando de 163 mil hectáreas de cultivo a 224 mil en 2020; es decir creció en un 37 por ciento. Y mientras en 2019 fueron erradicadas al menos 21 hectáreas, en 2020 la cantidad fue de cero.
Si como afirma el Departamento de Estado de Estados Unidos y como dijeron en la audiencia del Congreso llevada a cabo en 2009, la droga es el principal financiador del Talibán, esto explicaría quizá por qué durante los últimos cuatro meses han tenido la infraestructura, armas y capacidad para anular al ejército del gobierno de Afganistán en pocas semanas, pese a los entrenamientos y soporte del gobierno de Estados Unidos.
En Colombia, el grupo insurgente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia también recurrió al financiamiento del tráfico ilegal de drogas para dar soporte a su movimiento político hasta convertirse prácticamente en otro cartel. El gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea llegaron a clasificar a la organización como «terrorista”. Las FARC fueron proveedores de cocaína del Cartel de Sinaloa durante años, los objetivos políticos de ese grupo no importaban al CS, lo que importaba es que podían hacer más dinero con ellos.