Aclaró: «quien detiene a los delincuentes es la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, pues la policía municipal sólo captura a ‘puros borrachitos’ «.
El gobernador Miguel Barbosa Huerta aseveró que ya no habrá subsidios para el pago de peaje en casetas para el traslado de trabajadores de AUDI; además pidió la intervención de la Segob federal para resolver el conflicto en la planta de Bonafont.
En lo que respecta a AUDI comentó que cuando se instaló la planta en San José Chiapa hubo prebendas y se crearon ficciones, por lo que al gobierno estatal le cuesta 800 millones de pesos anuales otorgar diferentes subsidios, entre ellos el pago de peaje a todos los trabajadores que van de la capital poblana a la planta.
El gobernador entenció que esas condiciones ya concluyeron y que su administración no va a renovar más subsidios, pues éstos eran sólo para el arranque de la planta, mientras que ahora su objetivo es cumplir y responder a las necesidades de gente “muy pobre”.
En el caso de Bonafont, cuya planta lleva más de 15 días bloqueada por habitantes de Juan C. Bonilla, el mandatario hizo un llamado a Carlos Armando Popoca Bermúdez, titular de la oficina de representación de la Segob federal en Puebla, a intervenir y resolver el conflicto junto con la administración estatal.
Afirmó que el gobierno estatal ha tenido diálogo con los pobladores de Juan C. Bonilla y comunidades cercanas a la planta desde que iniciaron el bloqueo el pasado 22 de marzo; además reconoció que el asunto es “nada fácil” porque los inconformes forman parte de organizaciones con experiencia en este tipo de acciones.
Por ello, confió en que con el trabajo conjunto de Secretaría de Gobernación (Segob) federal, a través de su delegación en el estado, y la Segob estatal se resolverá “bien” la problemática, pues los habitantes acusan que la empresa daña sus mantos acuíferos.
Sigue vigente nuevo decreto para asumir control de seguridad en la capital: Barbosa
En otro tema, Barbosa Huerta señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió la suspensión al ayuntamiento para mantener el control de seguridad en relación a dos decretos pasados, los cuales ya caducaron en marzo pasado, pero resaltó que se emitió uno nuevo que sigue vigente.
“Al vencerse el plazo, que fue en marzo de 2021, emitimos otro, lo que ayer resuelve la Corte fue porque ya no tenía materia de los asuntos que se estaban analizando, por eso es que ya se tiene un nuevo decreto que sigue vigente”, expresó.
Señaló que con esta situación “nadie ganó, quien pierde es Puebla” ante la negativa del ayuntamiento y la edil con licencia, Claudia Rivera Vivanco de no respetar los acuerdos que se pactaron.
Al tiempo, resaltó que en la capital poblana quien detiene a los delincuentes es la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, pues la policía municipal sólo captura a “puros borrachitos”.