Los abusos suceden en un contexto de deficiente capacitación; pobres condiciones laborales y casi nula supervisión externa hacia los uniformados.
La muerte de la migrante salvadoreña Victoria Esperanza Salazar, a manos de la Policía de Tulum (Quintana Roo), conmocionó a México y El Salvador por la injusticia del caso, la brutalidad de los uniformados y por la suma de violaciones a los derechos humanos que viven los centroamericanos en su paso por el territorio.
Tras el asesinato de Salazar a manos de la Policía de Tulum, el especialista en seguridad Ernesto López Portillo apuntó que pese a que exista en el futuro una condena para los involucrados, el caso podría repetirse si no se reforma a la institución en materia de «rendición de cuentas» y «con perspectiva sistémica».
«No son manzanas podridas, son instituciones podridas», tuiteó el coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, agregando que la Policía repite atrocidades porque «nadie quiere mirar a fondo qué pasa con ella».
Para el analista Alejandro Hope, los abusos de las instituciones de seguridad y justicia suceden en un contexto de una deficiente capacitación; pobres condiciones laborales; así como la existencia de controles internos «débiles» y casi nula supervisión externa hacia los uniformados.
Para la organización World Justice Project, una reforma profunda a las Policías de México requiere atender lo siguiente: «Si buscamos reclutar a las y los más aptos y confiables para investigar delitos y atender a víctimas, es urgente capacitarlos, premiar sus logros, ofrecerles condiciones laborales dignas y reconocerlos como trabajadores del Estado».
En México, los policías ganan, en promedio, 11.787 pesos mensuales (572,8 dólares al tipo de cambio de hoy), según una encuesta de Causa en Común realizada a 4.422 uniformados de 28 estados del país. Con este sueldo, la mitad de los policías mexicanas pagan por sus botas y cuatro de cada diez elementos han financiado su uniforme con dinero de su bolsillo.
El asesinato de la salvadoreña Esperanza Salazar, más allá del dolor y la indignación, obliga a México no solo a ver la falta de rendición de cuentas que hace posible que los individuos cometan estas atrocidades a la población, sino también la necesidad urgente de impulsar las reformas para transformar a estas instituciones y evitar la repetición.
En esta transformación, la sociedad también debe velar por los derechos de los migrantes que, buscando una mejor vida, se ven obligados a huir de sus países y enfrentar un sinfín de riesgos y atrocidades en su paso o estadía por el territorio mexicano.
F. RT