Ambas entidades concluyeron con la armonización legislativa de siete leyes locales. 

A cuatro años de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), los sistemas estatales de Puebla y Tlaxcala cumplen con los requerimientos legislativos, estructurales y de organización para combatir la corrupción junto con una representación de la sociedad civil organizada, así lo dio a conocer la instancia en su último informe de seguimiento de los sistemas locales. 

De acuerdo con la última actualización, ambas entidades concluyeron con la armonización legislativa de siete leyes locales, cuentan y han nombrado al Comité Coordinador, un Comité de Selección y un Comité de Participación Ciudadana.

Además cuentan con un secretario técnico, un fiscal especializado en combate a la corrupción y magistrados de un tribunal de justicia administrativa con nuevas facultades.

El SNA nació con las reformas constitucionales de mayo de 2015, desde ese momento los 32 congresos locales estaban obligados a modificar sus constituciones locales por lo que el sistema diseñó la evaluación del avance a través de 14 criterios del semáforo.

El semáforo del SNA marca en verde a Puebla y Tlaxcala pero con avances lentos en la consolidación de la estructura legal, reformas constitucionales a las leyes anticorrupción, de la administración pública, de fiscalización, del tribunal de justicia administrativa, de responsabilidades administrativas y códigos penales.

Respecto a la integración de las instancias anticorrupción el SNA no tiene datos de la Comisión de Selección encargado de designar al Comité de Participación Ciudadana que presidirá el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Tlaxcala.

Ambas entidades tardaron 4 años en conseguirlo

Indica que a Tlaxcala y Puebla les tomó cuatro años, desde el mandato constitucional de 2015, adecuar y crear sus sistemas; según el cronograma de avance, Puebla aprobó la ley estatal anticorrupción en noviembre de 2016 y Tlaxcala hasta abril de 2017.

En 2018 se instaló el comité de participación ciudadana y hasta el 14 de agosto de ese año se realizaron los nombramientos en Tlaxcala, mientras que en Puebla se prolongó hasta el 14 de noviembre del mismo año.

Por otro lado, el seguimiento que hace Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) refiere que en promedio los congresos tardaron 5 meses para las adecuaciones constitucionales y pasaron ocho meses para la instalación de los comités de participación ciudadana encargados de seleccionar a los integrantes de los órganos del sistema.

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