Se vigilará que candidatos cumplan con los criterios de transparencia y honradez, señala José Antonio González Fernández
Para generar confianza en la ciudadanía durante este proceso electoral, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) anunció esta tarde la integración de la Comisión Estatal de Ética Partidaria, órgano que estará coordinado con su homóloga nacional, encargada de «vigilar que sus candidatos cumplan con los criterios de transparencia y honradez«.
En rueda de prensa, el presidente de la Comisión Nacional de Ética Partidaria, José Antonio González Fernández, señaló que este órgano será la «conciencia del partido» que buscará generar, por tercera ocasión, confianza en esta vieja agrupación política reconocida por la opinión pública como la más corrupta en cada uno de sus sexenios.
Pese a reconocer que las preferencias electorales no favorecen al candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade Kuribreña, y que el gobierno de Enrique Peña Nieto tiene un 20 por ciento de aceptación ciudadana, el presidente de la comisión de ética sostuvo que «debe juzgarse a las personas y militantes corruptos y no al partido«.
Dijo que la propuesta se deriva del análisis que el año pasado la dirigencia priista hizo sobre la situación del partido de cara al proceso electoral de 2018; «concluimos que sí, que la percepción de los ciudadanos es que el PRI es uno de los partidos más corruptos», pero «queremos rectificar el rumbo, pedir un tercer voto de confianza».
La Comisión Nacional está integrada por un presidente, un secretario y seis vocales, quienes estarán en el cargo por un periodo de cuatro años; serán los encargados de vigilar, investigar y determinar las expulsiones de militantes, las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal, más la que se sumen a la lista, de los candidatos a un puesto de elección popular.
Podrá hacer un extrañamiento público o privado en caso de que corrobore que existe una violación a los códigos de ética que afecten la imagen pública del partido, y dictar multas o sanciones.
La comisión será itinerante y se coordinará con las comisiones locales, órganos que presentarán las denuncias; del mismo modo, un acto de corrupción denunciado por medios de comunicación o ciudadanos serán investigados de oficio.
Tendrá la facultad de abrir un expediente e investigación contra uno de sus militantes por probables actos de corrupción y opacidad; sin embargo, solo la comisión nacional tiene la facultad de estudiar las pruebas y el dictamen local, a fin de determinar o no la expulsión de sus militantes, funcionarios o candidatos.
«Con la comisión queremos mandar el mensaje a la ciudadanía de que reconocemos la baja aceptación, pero queremos insistir en que aunque se han cometido errores imperdonables, han sido de ciertos militantes priistas, pero no el partido, con esto queremos fortalecer la conducta ética», señaló José Antonio González Fernández.