En la audiencia del dos de abril pasado el juez federal decretó la vinculación a proceso en contra de Ehécatl Antonio N.
De acuerdo con el reportero Daniel Hernández, el agente del ministerio público de la Fiscalía General del Estado (FGE), Ehécatl Antonio N. fue vinculado a proceso por el delito de desobediencia a un mandato de la autoridad judicial federal, por no detener el cateo en el domicilio ubicado en el fraccionamiento El Secreto donde fue detenido Othon Muñoz Bravo alias “El Cachetes”, identificado por las autoridades como líder huachicoleroen la entidad.
Este cateo se efectuó el día 20 de agosto de 2017 en la casa marcada con el número 51 de la calle Paseo de Montenegro, y fue encabezado por el agente en cuestión. Durante la revisión la hermana de Muñoz Bravo presentó un amparo del juzgado primero de distrito con el número 930/2017, de hecho hubo un diligenciario para notificar la resolución que no se acató por el funcionario de la FGE y por ello se inició la investigación con número FED/PUE/PBL/0004248/2017.
Es necesario recordar que, tras ser detenido en un operativo de la Secretaría de Marina, Othón Muñoz Bravo, alias El Cachetes, logró sustituir la prisión preventiva impuesta inicialmente por la comparecencia periódica ante la Unidad de Medidas Cautelares, según la determinación de un juez.
El imputado tiene prohibido salir del país, del estado y de la ciudad de Puebla, según un comunicado de la Fiscalía General del Estado (FGE), la cual informó que la resolución fue tomada después que se consideró que «la puesta en peligro de la salud pública, no es de magnitudconsiderable».
Cabe señalar Muñoz Bravo enfrenta cargos por posesión y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y posesión de estupefacientes con fines de venta; sin embargo, inicialmente se dijo que era un empresario con gasolinería que vendían combustible robado.
En la audiencia de este martes, los abogados defensores trataron de acreditar que su cliente «no contaba con ingresos ya que al estar sujeto a investigación había perdido sus empresas», según la versión de la Fiscalía, la cual reportó que «desvirtuó dichos argumentos con pruebas sustentadas y se le impuso el pago (en garantía) de un millón de pesos».