La organización rechaza que este gobierno sea “el que más protege […] a las niñas y a los niños”, como lo afirmó el presidente hace un año.

Lejos de disminuir, la violencia en todo el país se mantiene, en parte debido a las omisiones de los gobiernos federal y locales. De hecho, algunos indicadores delictivos se encuentran en niveles nunca antes vistos en nuestra historia moderna.

Es en este contexto, que resultan particularmente ofensivas afirmaciones propagandísticas y sin ningún sustento por parte del presidente, en el sentido de que su gobierno es el que más ha protegido a los menores de edad (declaración emitida el 19 julio de 2019 en Palacio Nacional). No sólo se mantiene un promedio de 100 asesinatos diarios, sino que se incrementa el asesinato de grupos vulnerables.

De hecho, nunca en la historia del país se habían cometido más feminicidios. En el caso de niños y adolescentes, los números también son alarmantes. No sólo eso; también son víctimas de actos atroces, como descuartizamientos, calcinamientos, tortura y/o violación previa a su asesinato, entre otros.

En 300 días del presente año, Causa en Común ha contabilizado más de 320 actos atroces contra menores de edad (El registro completo de atrocidades puede consultarse en: https://bit.ly/3f0PwwD). Es decir, las masacres y eventos de particular crueldad que niega el gobierno federal, en realidad se incrementan, y en la realidad incluyen de manera importante a niñas y a niños. Los culpables son sus asesinos, pero los gobiernos federal y estatales comparten la responsabilidad de que éstas y muchas otras atrocidades y crímenes, permanezcan en una absoluta impunidad.

Es inadmisible, por tanto, que los recursos de programas para la atención de la niñez continúen disminuyendo, o simplemente desapareciendo. Es el caso también de la falta de apoyo a la Procuraduría Federal de Protección a Niñas y Niños y Adolescentes. Como lo ha denunciado la organización Save the Children Mx, el abandono de las instituciones de apoyo a la niñez, tendrá graves consecuencias en términos de un incremento en casos de violencia familiar, un mayor trabajo infantil y en violaciones a sus derechos humanos (https://bit.ly/3lx3g4D).

Si bien el reciente caso de Héctor y Alan- dos niños de origen mazahua de 14 y 12 años respectivamente- torturados, asesinados y descuartizados, estremeció al país, éste es sólo uno de cientos de casos registrados por medios de comunicación este año. Algunos ejemplos son: en enero, torturaron y asesinaron a un niño de 5 años, a su hermana de 18 la asesinaron y descuartizaron, y a su hermano de 15 lo torturaron, en Huimanguillo, Tabasco[1]; en marzo, fueron detenidos una mujer y su pareja por violación agravada a su hija perpetrada durante 10 años, en Ayala, Morelos[2]; en abril, una niña de seis años fue asesinada después de ser abusada sexualmente en Chihuahua, Chihuahua[3]; en octubre, fue asesinado un bebé de dos años, durante un sepelio en Guadalajara, Jalisco[4].

Las niñas y niños también están atrapados en los círculos viciosos de la violencia que estrangulan al país. Se abusa de ellos en los hogares y por parte de organizaciones criminales. Son presas fáciles, a quien se asesina con toda impunidad.

Denunciamos el cinismo de quienes, ante esta realidad atroz, encuentran la ocasión de realizar propaganda política. Exigimos, en cambio, reconocer la profunda crisis de violencia que padece México; detener la militarización, que de poco sirve para atender la seguridad pública; edificar una auténtica Guardia de carácter civil, como lo obliga nuestra Constitución; rescatar e incrementar los fondos de apoyo a las policías locales; fortalecer a las procuradurías del país, incluida la Procuraduría Federal de Protección a Niñas y Niños y Adolescentes; enfrentar el colapso del sistema penitenciario; y restablecer los programas de apoyo a los grupos más vulnerables de nuestro país, que son los que más sufren las consecuencias de la pandemia, la crisis económica y la violencia.

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