Piden organizaciones al Senado no permitir poner intereses políticos u otro tipo de agendas por encima de la educación porque el resultado sería gravísimo.
La Alianza por la Educación pide al Senado de la República no permitir que la solución a la reforma de la Ley General de Educación Superior se vea manipulada por intereses distintos al de brindar una educación de calidad a los jóvenes.
“Queremos hacer un llamado a la comisión correspondiente, donde ahorita está en análisis esta propuesta de la nueva Ley General de Educación Superior, porque el resultado de la misma puede ser palanca o puede ser ancla”, aseguró Leonardo García Camarena, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF).
En conferencia de prensa virtual detalló que “la nueva ley sería una plataforma de lanzamiento pero, si como ya lo advertimos, son los intereses y son otro tipo de agendas lo que va a llevar a la resolución de la reforma, entonces estamos en un gravísimo problema”, por lo que pidió “poner al país por encima de la agenda y de lógica partidista o gubernamental, poniendo énfasis en el futuro de estos jóvenes o de estos adultos para que más adelante regresen a continuarse capacitando y formando”.
Y es que la realidad educativa mexicana, resultado de una serie de decisiones políticas, intereses y manejo de algunos cuantos, ha provocado que de cada 100 niños que entran a educación primaria, sólo 17 ingresan a al nivel superior, 5 terminan una carrera, 1.5 se titula y finalmente, el 52% de los jóvenes que estudiaron educación superior, no trabajan en el área que eligieron.
Sumado a ello, la Pandemia Covid 19 aceleró, aún más, la deserción escolar que venía sufriendo el sector educativo, motivado por la crisis económica existente; sin embargo, hoy la nueva Ley General de Educación Superior brinda la oportunidad de construir bases sólidas para una Educación de Calidad en nuestro país, crear un piso parejo para todos, acorde a las circunstancias del momento actual, expusieron los participantes en la rueda de prensa.
La presidenta de la Alianza para la Educación Superior (ALPES), que agrupa a 142 instituciones particulares, María Luisa Flores del Valle pidió un legado adecuado para las 3,797 Instituciones particulares en el país con matrícula de 1, 890,000 alumnos. “Pedimos a los legisladores, tanto Senadores como Diputados, busquen la manera adecuada de dejar plasmada una ley que marque una equidad dentro de todas las instituciones particulares.
La parte que nosotros realmente pedimos ahorita con los legisladores, en cuanto a la Ley General de Educación Superior, es que ellos dejen un legado adecuado a estas tres mil novecientos setenta y siete instituciones de educación superior”, señaló. Detalló que, dentro del sector educativo particular, ninguna institución es improvisada, son 20, 30, 40, 50, 60, 70 y hasta más años trabajando y educando a seres humanos, con un verdadero compromiso, colegiaturas asequibles, pasando verdaderas pruebas de sobre regulación y subsistencia.
Estás instituciones viven la problemática social de las familias, la movilidad social, el tener que dar mucho más que un 5% de becas, o plazos cuando no se puede pagar la colegiatura.
Sin embargo, no se ha considerado la gran labor que realizan, ni se ha examinado que el cierre de alguna de estas instituciones, ocasionaría que el Estado Mexicano se quedara con una gran carga social.
“Lo he dicho, no hay siquiera el modelo educativo preciso para que los muchachos puedan entrar a una educación superior con una preparación como deben de hacerlo. Nosotros somos 142 instituciones, alrededor de 680 planteles en toda la República Mexicana y definitivamente el contexto en el que trabajamos no es el óptimo.
Lo que estamos pidiendo es una ley justa precisamente para dignificar a los jóvenes, para ayudar a los jóvenes que son y deben ser los actores principales de esta ley”, declaró Flores del Valle.
Además, resaltaron la necesidad de tomar consciencia de la nueva normalidad y modalidad, lo cual implica un cambio radical que obliga a actuar contrariamente a como se venía haciendo; son evidentes los cambios irreversibles a nivel mundial, la obligada reingeniería de la situación económica de México.
“Yo estoy de acuerdo en que la economía del futuro tiene un gran contenido de información, de innovación, de digitalización, toda esta serie de eventos y México tienen que leer eso con oportunidad y el sector educativo tiene que ser parte de esa lectura y de esa implementación”, indicó Rodrigo Guerra de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES).
Los participantes en la rueda de prensa se pronunciaron por una LEY JUSTA, con preocupación por el contenido, derechos, obligaciones y repercusiones en razón a las instituciones particulares, donde el objetivo debería centrarse en brindar educación superior a todos los jóvenes que, en su mayoría, carecen de recursos para pagar una escuela de alto costo. Para que sea una LEY INCLUYENTE, donde se elimine cualquier tipo de divisiones entre las instituciones particulares, como encajarlas en categorías.
“Todas tenemos la obligación de dar una educación de calidad, brindar un servicio profesional y cumplir con las obligaciones que establece la autoridad”, dijo Graciela Meza. Cuando hablaron de una LEY EQUITATIVA se refirieron a la necesidad de contar con una legislación interesada en la realidad que viven los jóvenes mexicanos, y en lo difícil que es y será en la actualidad terminar una carrera profesional, no la utopía.
También solicitaron una LEY INTELIGENTE que mantenga las características y principios de generalidad y abstracción de una ley, no diferenciar o hacer categorías entre instituciones; es decir, un trato igualitario a todas las Instituciones Particulares de Educación Superior, reconociendo su diversidad y universalidad.
Y buscan una LEY MODERNA, que cumpla con las expectativas que, ante esta disrupción forzada e inevitable, les obliga a escribir diferente lo que hoy está en borrador, pues de quedarse así, nacerá una ley obsoleta ante la nueva forma de trabajar y aprender. Se requiere más que el sutil manejo de algunos intereses para dejar un legado reconocido en la historia.
La confianza está basada en el tiempo de fincar cambios, romper paradigmas, deliberar, por quienes urge esta ley, los jóvenes mexicanos que precisan de las buenas decisiones de sus legisladores para engrandecer su futuro, finalizaron, antes de recordar que algo justo sería regresarlas al Título III porque las mandaron fiscalmente al título II, con lo que les están cobrando el Impuesto Sobre la Renta (ISR) que golpea fuertemente su economía no sólo para subsistir y mantener su coadyuvancia con el Estado, sino para poder ofrecer mayor calidad en la educación que imparten..