Cualquier denuncia por uso electoral de programas o vehiculos, serán dirimidos con un juicio contencioso administrativo en el Tribunal de Justicia Administrativa.
Hasta 20 años de inhabilitación podrían tener como sanción los funcionarios públicos que acudan a actos de campaña en horarios laborales, portando playeras con logos de gobierno o que se trasladen en vehículos oficiales, enfatizó el Secretario de la Contraloría, Rodolfo Sánchez Corro.
Tras enfatizar que el uso inadecuado de recursos públicos está catalogado como una falta administrativa grave, explicó que estos casos serán dirimidos con un juicio contencioso administrativo en el Tribunal de Justicia Administrativa.
#Puebla: Hasta 20 años de inhabilitación podrian tener como sanción los funcionarios públicos que acudan a actos de campaña en horarios laborales, portando playeras con logos de gobierno o en vehículos oficiales: @ContraloriaPue | vía @monisfranco pic.twitter.com/0VhSKeugL5
— URBANO (@urbano_noticias) 28 de marzo de 2018
A esto se sumará la denuncia penal que exista ante la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) o ante la Fiscalía Electoral que recientemente anunció el gobernador José Antonio Gali Fayad.
El contralor estatal explicó que el horario laboral de los trabajadores del gobierno del estado es de 9.00 a 18.00 horas, con una hora intermedia para comidas, de ahí en fuera los burócratas pueden ejercer sus derechos políticos apoyando al candidato de su elección.
Recordó que el pasado 15 de marzo se inició el programa de blindaje electoral con el que se capacita a los funcionarios públicos para insistir en temas como que no se pueden condicionar los programas sociales a cambio del voto.
INVESTIGAN A 22 POLICÍAS
En conferencia de medios fue cuestionado también sobre la cantidad de policías estales que están siendo investigados administrativamente por posibles nexos con huachicoleros, contestando que en general hay 22 actas en relación a uniformados.
Por otra parte comentó que en breve se lanzará una plataforma nacional en donde se suba el nombre de los funcionarios públicos que han cometido irregularidades en el ejercicio de funciones para evitar que se trasladen a otros estados y continúen con conductas inadecuadas.
El titular de @ContraloriaPue, Rodolfo Sanchez Corro dijo que en Puebla no hay cabida para la corrupción por ello se apoyó el @ComisionSEApue. También comenta efectividad de Compranet y Bitácora Electrónica de Obras para transparentar procesos de licitación. Vía @monisfranco pic.twitter.com/EJvMPs21qK
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