Después de separarse del cargo por ser sospechosa a COVID19, los integrantes del Cabildo no le han permitido reincorporarse al Ayuntamiento.
Luego de haberse ausentado por ser sospechosa a COVID 19 y de que la prueba diagnóstica resultó negativa, la Síndica Municipal de San Juan Totolac, María Elena Conde Pérez buscó reincorporarse a sus funciones pero los integrantes del Cabildo se lo han negado y han extendido –sin ella solicitarlo- el permiso para ausentarse.
Por ello decidió interponer un juicio de protección de sus derechos político-electorales ante el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) para que sea reincorporada a sus funciones y además el Ayuntamiento le pague las retribuciones económicas que le corresponden las cuales le fueron suspendidas desde el mes de agosto.
En conferencia de prensa, la Síndica y su representante legal, explicaron que la intensión del alcalde, Giovanni Pérez Briones y de los integrantes del Cabildo es que retardar por más de tres meses su ausencia para tener argumentos y darla de baja, conforme lo que establece la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala en el artículo 25 en el que específica que “las faltas temporales mayores a 15 días o absolutas del Síndico, Regidores o Presidentes de Comunidad serán cubiertas por sus suplentes.
A falta de estos, el Ayuntamiento designará a las personas que deban desempeñar el cargo cuando se trate de faltas temporales y el Congreso lo hará cuando sean faltas definitivas”.
Lo anterior –dijo- para mantener en el puesto de Síndico a la suplente, María Luisa Rodríguez, quien –aseguró- es comparsa del presidente municipal, Giovanni Pérez. Además, la funcionaria acusó que ha sufrido violencia política en razón de género por parte del alcalde, pues tampoco le ha dotado del respaldo técnico y de personal para desarrollar su labor con eficiencia, entre una de sus funciones está revisar de forma adecuada las cuentas públicas mensuales.
Explicó que en el mes de julio solicitó un permiso de ausencia de 15 días para atender su salud por sospecha de COVID19, se aplicó la prueba diagnóstica la cual dio negativo, por lo que pidió regresar presentando las evidencias sobre su estados de salud pero el Cabildo le negó esa posibilidad y sin que ella lo haya solicitado extendieron ese permiso, con lo que no lo han dejado reincorporarse a sus funciones.
Al respecto, María Elena Conde expuso que “tuve que presentar un juicio de protección a mis derechos derivado del impedimento para ejercer mi cargo, mientras que la Síndica suplente asumió el puesto desde el 23 de agosto, pero a mí el Cabildo me ha negado el derecho de petición y audiencia.
El asunto ya está también en el Congreso y espero se me haga justicia porque también pedimos medidas cautelares”, por lo que espera la resolución de su caso para continuar con la labor como representante legal del municipio.