Las anomalías en cifras de incidencia delictiva reflejan, entre otras cosas, que la ciudadanía no denuncia los delitos y/o, probablemente, las instituciones manipulan y ocultan sus cifras de incidencia delictiva.
Además de la grave crisis de inseguridad en el país, hay un serio problema de sub-registro en los delitos, alerta Causa en Común. Las autoridades estatales no registran los delitos adecuadamente, y manipulan u ocultan las cifras reales, ante la indolencia del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
La organización detectó graves anomalías en las cifras de delitos reportados, entre diciembre de 2018 y agosto de 2020; en particular, en los rubros de homicidio, feminicidio, extorsión, secuestro, robo con violencia, robo de vehículo con violencia y violencia familiar. Entre los ejemplos se encuentran: a) Algunas entidades reportan un número muy reducido de registros de delitos en el periodo: · Baja California Sur y Tlaxcala sólo reportaron cuatro feminicidios. Llama la atención esta cantidad baja de registros.
En el caso del primer estado de enero de 2015 a septiembre de 2019 no ha reportado feminicidios, mientras que Tlaxcala tampoco lo hizo de 2015 a 2017.
· Michoacán sólo presentó 15 registros de extorsión; y Tlaxcala, tres. Destaca Nayarit que, de abril de 2019 a abril de 2020, no reportó extorsiones. Sin embargo, datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE) indican que, en 2018, se registraron 193,923 extorsiones en Michoacán, 103,061 en Tlaxcala y 44,197 en Nayarit, por lo que están fuera de lógica estos registros reportados este año. · Yucatán y Colima no informaron de ningún robo de vehículo con violencia.
En este caso llama la atención que Colima no marcara registros en este delito, pero que presente un alto número y tasa de reportes de otros delitos (441 registros de asesinatos en 2020, con una tasa proyectada de 94.4 por cada 100 mil habitantes, así como 2,859 reportes por violencia familiar, con una tasa de 552.9). Además, son comunes los reportes de prensa que informan sobre este delito.
· Tlaxcala reportó únicamente 25 casos de violencia familiar. Estos casos son muy reducidos si se comparan con el de otros estados con pocos registros de este delito como Yucatán. Tlaxcala sólo reportó 1% de los casos que reportó Yucatán. Lo mismo que el anterior caso, es común que medios de comunicación locales informen sobre noticias de violencia familiar.
b) Algunas entidades manifiestan reducciones de más del 50% en el total de ciertos delitos en los primeros ocho meses de 2019 y el mismo periodo de 2020, lo que está fuera de toda lógica según el comportamiento delictivo a nivel nacional. Por ejemplo, Colima “redujo” 80% el robo con violencia (306 casos menos).
c) Algunas entidades presentaron el mismo número de registros de delitos en meses consecutivos, o en el mismo mes de diferentes años o periodos:
· Morelos presentó 10 registros de secuestro cada mes durante tres meses consecutivos: diciembre de 2018, enero de 2019 y febrero de 2020.
· Coahuila presentó 47 carpetas de investigación por robo con violencia en marzo de 2019 y 47 en marzo de 2020. · Baja California Sur tuvo 74 carpetas de investigación por robo con violencia en febrero de 2019 y en febrero de 2020.
· Michoacán reportó 1,780 robos de vehículo con violencia en los primeros ocho meses de 2019 y 1,780 en los primeros ocho meses de 2020. d) Algunas entidades tuvieron disminución en delitos graves, pero un aumento en delitos menos graves, por lo que existe la posibilidad de que se estén reclasificando delitos:
· Jalisco registró 99 asesinatos menos (5% menos), pero 136 homicidios culposos más (27% más) entre los primeros ocho meses de 2019 y el mismo periodo de 2020. · Sinaloa registró 34 asesinatos menos (6% menos), pero 43 homicidios culposos más (11% más) entre los primeros ocho meses de 2019 y el mismo periodo de 2020. e) Otra anomalía es que el SESNSP reportó una cifra de asesinatos, de diciembre de 2018 a agosto de 2020, 24% mayor a la que ha difundido el gabinete de seguridad.
María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, declaró que “probablemente no haya dolo en todos los casos. Algunas anomalías pueden ser producto de ineptitud o simplemente ser atípicas, pero el análisis constante que ha realizado Causa en Común y otras organizaciones sociales sobre la incidencia delictiva a lo largo de los años, nos permite señalar que los datos que ofrecen los diferentes gobiernos no obedecen a tendencias lógicas y es tal el cúmulo de datos anómalos, que es difícil no concluir que, a la “cifra negra” por falta de denuncia, se suma también una “mano negra”.
Expuso que los ciudadanos no acuden con las autoridades a presentar denuncias porque no confían en ellas; porque piensan, correctamente, que se trata de trámites largos y engorrosos; porque saben que las policías y los fiscales y los jueces serán probablemente incapaces de atrapar al ladrón, de identificar al asesino, o de sentenciar a secuestradores, y porque “se suma la tentativa creciente de actores políticos para encubrir, al menos formalmente, la realidad en materia de seguridad y estos dos factores tendrán el efecto de acrecentar este divorcio entre ciudadanía y gobierno”.
María Salguero, Creadora del Mapa Nacional de feminicidios, señaló que “muchas tentativas de feminicidio se clasifican en lesiones o violencia familiar y esto es otra forma de bajar las cifras de violencia hacia las mujeres.
En el caso de feminicidio, si lo comete alguien que no es la pareja, como el crimen organizado u otra persona, así tenga huellas de violencia sexual o presente signos de tortura, es clasificado como homicidio calificado.”
Señaló que, “desgraciadamente el Secretariado no mide el delito del feminicidio igual porque se tipifica diferente en todos los estados y ese es uno de los grandes retos, que esté homologado el delito a nivel nacional.”
Por su parte, José Antonio Caballero, profesor en el CIDE expuso que “la construcción de las carpetas de investigación no refleja toda la realidad; no obstante, las carpetas de investigación son la línea de contabilidad estable que podríamos tener, pero su construcción es lo más problemático”.
Además, expuso que las dificultades para poder denunciar y la profunda desconfianza que hay en las procuradurías, hacen muy difícil que los ciudadanos se sientan cómodos para denunciar.
“Hay 33 sistemas de justicia penal en el país que trabajan de manera muy desigual; sin embargo, un estudio como el que presenta Causa en Común nos permite individualizar y tratar de encontrar cuáles son los alcances específicos de cada una de ellas.”
Ante esta situación, Causa en Común propone lo siguiente: · Debe detenerse y revertirse la actual tendencia hacia una mayor militarización de la seguridad pública, e implementarse un plan de desarrollo a largo plazo para las policías y fiscalías, con procesos transparentes y verificables.
· Deben brindarse cursos de capacitación a los servidores públicos encargados de recolectar la estadística de incidencia delictiva. También deben establecerse mecanismos institucionales de supervisión, detección y sanción para aquellas autoridades que proporcionen información incompleta, manipulada o falsa.
· Debe promoverse la denuncia ciudadana. Para ello, resulta indispensable crear campañas permanentes, multiplicar los mecanismos y canales para realizar las denuncias, y proveer acompañamiento y apoyo especial para personas en condiciones de vulnerabilidad. Por último, la organización ciudadana consideró que, con más denuncia y con un mayor profesionalismo institucional, incluyendo el registro delictivo, será posible retratar de manera más fidedigna la realidad que debemos entender para poder atender.
“Sólo viendo con claridad la realidad, y entendiendo ciertos temas como asuntos de Estado, más allá de partidos y elecciones, es que podremos vislumbrar los escenarios de seguridad y justicia que tanto le urgen a México”, concluyó María Elena Morera. El análisis completo puede ser consultado en: http://causaencomun.org.mx/beta.