Aumentaron los embarazos no deseados y se han relegado los servicios de información y dotación de métodos anticonceptivos para mujeres.
Con la pandemia por COVID-19, en Puebla han aumentado los embarazos no deseados, pero se han relegado los servicios de información y dotación de métodos anticonceptivos para mujeres, comentó la integrante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos de México (Ddeser) Puebla, Jessica Pérez Téllez.
Desde su perspectiva, los derechos sexuales y reproductivos ya eran violentados en una situación ordinaria, pero con la pandemia se afectó aún más el libre ejercicio de la sexualidad y la reproducción.
“Si normalmente era complicado que una mujer acudiera a un centro de salud, ya sea por información o por métodos anticonceptivos, ahora con el miedo a contraer COVID, es muchísimo más complicado”, explicó Jessica Pérez.
La falta de información y de acceso a métodos anticonceptivos se vería reflejada en un aumento de embarazos adolescentes, embarazos no planeados, embarazos no deseados. Durante este periodo desde Ddeser Puebla han notado un incremento en los acompañamientos de interrupción de embarazo.
De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población (Conapo), dados a conocer el 11 de julio, por la pandemia, en todo el país aumentarán 30 por ciento las necesidades insatisfechas de anticoncepción entre 2020 y 2021, sobre todo en mujeres de 15 a 34 años, y también se prevén 171 mil embarazos no deseados o planeados en este grupo poblacional.
Esto a pesar de que el 7 de mayo el gobierno federal firmó un convenio donde se comprometía a “Proteger la salud y los derechos sexuales y reproductivos y promover una respuesta que tenga en cuenta el género en la crisis del COVID–19”, donde se reconocen los derechos sexuales y reproductivos como esenciales, por lo cual se debe garantizar:
- El acceso a métodos anticonceptivos modernos y al esquema de doble protección, es decir, dotar a la población de suficientes métodos temporales y favorecer los de larga duración.
- El acceso a la atención integral del aborto seguro en los casos previstos por la ley, esto implica que la interrupción del embarazo producto de una violación sexual es una urgencia médica.
- El acceso a la atención de la salud materna y neonatal, esto también incluye la atención respetuosa, segura y calificada del parto, así como la continuidad de la lactancia materna.
- El acceso oportuno a la atención de las emergencias obstétricas, en este sentido, cada entidad federativa determinará los hospitales con capacidad resolutiva que sean destinados para este fin.
En ese sentido, la representante de Ddeser Puebla explicó que algunos de esos compromisos no se están cumpliendo, porque las usuarias no reciben un trato digno y porque no hay suficientes clínicas que estén dando los servicios para dotar de información o anticonceptivos.
Antes de la pandemia, Puebla tenía cifras preocupantes respecto a embarazos adolescentes, ya que es el octavo estado con más casos, y el quinto lugar nacional con menos prevalencia de uso de anticonceptivos por parte de mujeres fértiles, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).
Otra situación respecto a los derechos reproductivos, es que muchas mujeres que acudían a la Ciudad de México para una interrupción legal del embarazo (ILE) están dejando de ir ante el riesgo de contagio por COVID-19.
Esta situación, además, está siendo aprovechada por grupos antiderechos -que se autodeterminan “Provida”-, para difundir información falsa, como que los servicios no están siendo brindados o que las clínicas están funcionando como clínicas COVID.
“A las chicas las engañan con información falsa de que no van a tener el servicio (…) las llenaban de información falsa, les daban ultrasonidos falsos. Se están aprovechando de las personas en una situación bastante grave a nivel mundial, para sacar provecho en cuanto a sus creencias personales y religiosas”, agregó la defensora.