Fueron localizadas en los municipios de Yauhquemehcan y Apizaco, respectivamente, y entregadas a autoridades de Querétaro.
En una acción operativa coordinada por oficiales de la Policía de Investigación adscritos a la Unidad de Investigación de Delitos de Alto Impacto (UIDAI) de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y elementos de la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase), se logró la captura de dos personas del sexo femenino involucradas en un secuestro perpetrado en Querétaro.
Esta acción se concretó luego de que la Fiscalía General de Querétaro (FGQ) remitió por oficio de colaboración a la Procuraduría de Tlaxcala una orden de aprehensión obsequiada por el Juez del Distrito Judicial de San Juan del Río, en contra de Karina N., y María Dolores N., quienes presuntamente están relacionadas con el delito de secuestro calificado agravado en aquella entidad.
Lo anterior, derivado de la Carpeta de Investigación en la que se establece que ambas imputadas pertenecen a una banda dedicada al secuestro en territorio queretano y cuyo líder fue detenido en mayo en el estado de Puebla, quien se encuentra vinculado a proceso por el delito de secuestro en Tlaxcala.
Con esta información, la Policía de Investigación se abocó a las indagatorias pertinentes a través de diferentes trabajos de inteligencia y conoció que las imputadas se localizaban en los municipios de Yauhquemehcan y Apizaco, respectivamente.
De esta manera, los investigadores de la la Fiscalía Especializada en el Combate al Secuestro (FECS) adscritos a la UIDAI, junto con la Conase, implementaron un sigiloso operativo el 29 de julio en ambas demarcaciones, permitiendo la captura de las indiciadas. De esta manera, fueron certificadas medicamente y entregadas a elementos de la Fiscalía de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro de Querétaro, quienes las trasladaron a esa entidad donde enfrentarán su proceso penal.
Con estas acciones, la Procuraduría de Tlaxcala refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada con las fiscalías del país, garantizando así el combate frontal a delitos de alto impacto, garantizando el cumplimiento de la ley en estricto apego a derecho.