Ley de educación confronta a diputados en su primera sesión online a raíz del COVID-19.
Tras seis horas de debate, los diputados avalaron en lo general la Ley de Educación que vigila más el rol que tienen las escuelas públicas y privadas, además de estipular sanciones económicas para aquellas instituciones que retengan documentos oficiales por falta de pago.
Lo anterior ocurrió en la primera sesión online que se realizó a consecuencia del COVID-19, que se caracterizó por algunos errores técnicos, pues durante la transmisión se filtraron documentos en Word.
La reforma que propuso el gobernador Miguel Barbosa Huerta y que provocó las quejas del Consorcio Universitario, obligó a los diputados locales de Movimiento Ciudadano (MC) y Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Morales Álvarez, Mónica Rodríguez Dellla Vecchia y Oswaldo Jiménez, exigir que no se votara el tema hasta no realizar foros que permitieran nutrir la misma.
Incluso, Oswaldo Jiménez López, dijo que la reforma se avaló con calzador por la mayoría del bloque Juntos Haremos Historia, provocando un monopolio para manejar la educación en Puebla, situación que rechazó el legislador de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Gabriel Biestro Medinilla, quien sentenció que se democratizará este rubro en el estado.
La diputada Olga Lucia Romero Garcicrespo, minimizó las críticas de la oposición del PAN y MC, bajo el argumento de que no hay intromisión al patrimonio y desempeño de las escuelas privadas.
La diputada del PES, Nora Merino Escamilla, explicó que la regulación de los nombres en las escuelas, solo aplicará para las públicas para evitar que funcionarios públicos las titulen con su nombre o de familiares, como ocurrió con el ex gobernador Mario Marín Torres y una institución que llamó con el nombre de su mamá Blandina Torres.
La reforma fija que los recursos manejados por universidades públicas -como la BUAP-, serán fiscalizados por la Auditoría Superior del Estado (ASE), donde se pondrían sanciones penales y civiles en caso de una incorrecta aplicación del dinero.
También se permite a la Secretaría de Educación revisar el tema de las colegiaturas para las universidades privadas, que en caso de excederse, se notificará a la autoridad competente que emitiría sanciones de hasta un millón de pesos, clausurar la institución o cancelación de permisos.
En la misma ley también se estableció que las escuelas privadas que retengan documentos personales y académicos por falta de pago serán acreedores a una multa por 434 mil 440 pesos, además de una sanción económica por un millón 302 mil pesos en caso de expedir certificados, constancias, diplomas o títulos a quienes no cumplan los requisitos.