El paro fue calificado de ilegal y de falto de ética al poner en riesgo a los pacientes, pues han suspendido consultas.
El Observatorio Mexicano de Bioética (Omebi), criticó la manifestación protagonizada por trabajadores de la Sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntsa), que ha afectado a cientos de pacientes, la cual incluso la calificó como un acto ilegal, no ético y violatorio al derecho humano a la salud.
La presidenta de esta organización Cristal Corona, a través de un comunicado señaló que El cierre de los servicios de consulta externa, diagnósticos y cirugías programadas en los hospitales y centros de salud del Estado de Tlaxcala son signo de la ilegalidad y falta de ética en la que se desenvuelven los servicios de salud en el Estado, ya que pone en riesgo la salud de la gente que acude a estos espacios, además de que representa un alto costo para el sector salud y para la propia ciudadanía.
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Detalló que tan sólo en el Hospital Regional de Tzompantepec, en un día se dejaron de atender 182 consultas y alrededor de seis cirugías; sin embargo, la afectación es mucho mayor, tomando en cuenta que se encuentra en paro 12 hospitales, centros de salud, módulos y demás espacios. Señaló que la demanda del cese de la administrativa no sería la solución, ya que ello no garantiza que se resuelva el tema del suministro de insumos, y por el contrario se ha dejado de atender a la población, lo cual resulta injustificable.
“Si desde la ética y bioética no se justifica un paro en los servicios de salud, en el aspecto legal esto tiene otras repercusiones”, refiere el documento; además que considera que el paro resulta ilegal, ya que no se siguieron los pasos legales para que sea declarada una huelga.
En conclusión, señaló que las consecuencias del paro convocado por la Sección 27 del Sntsa pueden ser retraso en diagnóstico, tratamiento e incluso muerte de pacientes; además de que es éticamente insostenible; traería repercusiones laborales, civiles y penales para los trabajadores de la salud.
Aunado a ello, las autoridades sanitarias deberán de aplicar la Ley Laboral, y la violación al derecho a la salud, deberá de ser atendido por las instancias de Derechos Humanos, y finalmente consideró que la “sociedad tlaxcalteca no puede permanecer indolente ante los intereses personales o de grupo que afectan a miles de enfermos vulnerables de nuestro estado”.