Los recursos usados para la impartición de cursos para personal de la policía fueron obtenidos través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.
El uso de más de 25 millones de pesos que fueron destinados para la seguridad pública en Puebla durante 2018 no fueron notificados a la Federación.
Los recursos usados para la impartición de cursos para personal de la policía fueron obtenidos través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP).
De acuerdo con el segundo informe de fiscalización de la cuenta pública 2018 que publicó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública en Puebla destinó recursos del FASP para realizar pagos por 25 millones 997 mil pesos en la impartición de cursos para personal policial.
No obstante, lo hizo sin que se formalizara un contrato o el convenio de prestación de servicios correspondiente, lo que derivó en un incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, específicamente en los artículos 102, 103, 104 y 107.
Por lo anterior, la entidad fiscalizada registró inobservancias a la normativa principalmente en materia de adquisiciones que generaron un probable daño a la Hacienda Pública por 26 millones 25 mil pesos que representó el 14.2 por ciento de la muestra auditada.
En sus conclusiones, la Auditoría puntualizó que el Gobierno del Estado de Puebla realizó en general una gestión razonable de los recursos del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.
Los recursos del fondo se asignaron principalmente a las siguientes dependencias: Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ), Centros de Reinserción Social (CERESOS), Consejo Estatal de Seguridad Pública, Tribunal Superior de Justicia, y destinado a Municipios.
La mayor asignación de recursos correspondió a la Secretaría de Seguridad Pública, por un monto de 73 millones 68 mil pesos; al Consejo Estatal de Seguridad Pública por 50 millones 725 mil pesos; a 28 municipios por un monto en su conjunto que ascendió a 33 millones 313 mil pesos; a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ), se asignaron 33 millones 193 mil pesos.
Por último, las dependencias que menor recurso recibieron fueron el Tribunal Superior de Justicia por 6 millones 574 mil pesos, los Centros de Reinserción Social (CERESOS) por 3 millones 524 mil de pesos y Combinado SSP/CESP por 99 mil pesos.