El gobernador Marco Mena aún no hace llegar la terna para que los diputados elijan al próximo procurador de Justicia del Estado.
La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Dulce María Mastranzo Corona, declaró que la designación del próximo titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) es una prioridad para los integrantes del Poder Legislativo local.
En entrevista, la representante legal del Poder Legislativo mencionó que es importante que cuanto antes el gobernador Marco Mena envié la terna para poder elegir al próximo procurador, toda vez que se trata de una instancia toral para que la población que sea víctima de cualquier delito tenga acceso a la justicia.
Por lo pronto dijo que este tema será analizado el día de mañana en la Junta de Coordinación y Concertación Política (JCCP), mencionó que no hay una fecha fatal para que el Gobierno del Estado construya y turne una lista con tres candidatos a ocupar la Procuraduría del Estado; sin embargo es un tema prioritario para no seguir con un encargado de despacho en esa instancia importante.
Sobre las características que deberá poseer el próximo procurador en la entidad, la presidenta de la Mesa Directiva comentó que “tiene que ser una persona que conozca el ramo, y que se imparcial para poder trabajar en esa área, y que la ciudadanía tenga un representante digno”.
Mastranzo Corona, aseguró que a ocho días de que el extitular de la PGJE fue nombrado por el gobernador Marco Mena como nuevo Secretario de Gobierno en sustitución de Anabel Alvarado Varela, aún no han recibido en el Congreso local la terna para llevar a cabo el proceso de elección del próximo procurador.
“Ya debe haber un representante en la PGJE, es un área muy importante en el Estado no se puede quedar así el espacio del procurador”, agregó.
En ese sentido, el artículo 74 de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala, determina que los requisitos son: ser mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos, con una residencia mínima de cinco años en el Estado, antes del nombramiento; Tener cuando menos 35 años de edad el día del nombramiento; ser licenciado en derecho, con título y cédula profesional legalmente expedidos y con antigüedad mínima de cinco años; haber ejercido como abogado postulante, académico o en la administración o procuración de justicia del Estado, cinco años anteriores a la fecha del nombramiento.
Además, gozar de buena reputación, no haber sido condenado por la comisión de algún delito doloso, ni estar inhabilitado para desempeñar cargos públicos; no ser ministro de algún culto religioso; no ser miembro activo del ejército y fuerzas armadas del país.