Se debe asegurar la existencia y funcionalidad de los mecanismos de participación ciudadana, donde las y los ciudadanos puedan expresar sus opiniones, defender sus intereses, cuestionar las decisiones gubernamentales y modificar las políticas o proyectos, consideró Ibarra Cadena.
Para lograr el desarrollo sustentable y asegurar un medio ambiente sano y protegido en el largo plazo, es necesario que la información pública impulse estrategias que tengan como propósito la sostenibilidad ambiental y un uso racional de los recursos naturales, aseguró la Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Blanca Lilia Ibarra Cadena.
“De ahí la importancia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, ya que juega un papel relevante en la defensa del derecho a saber de las personas tanto en este tema como en otros”, subrayó al participar en el Conversatorio “Los Derechos de Acceso en el marco del Acuerdo de Escazú”.
La Comisionada del INAI consideró que, de esta manera, la normativa cumple en su mayor parte con las disposiciones del artículo 5 del Acuerdo de Escazú como, por ejemplo, los relacionados con la existencia de un órgano autónomo garante, la máxima publicidad en materia ambiental, el acceso a la información de los grupos vulnerables, los procedimientos de atención a las solicitudes de información, y las excepciones a la publicidad de la información.
Por ello, dijo, es posible afirmar que la participación plena, efectiva e informada de diferentes sectores en temas ambientales, es condición para revertir el deterioro de nuestro planeta y alcanzar el desarrollo sostenible, entendido éste, como un mayor desarrollo de los pueblos sin poner en peligro el medio ambiente.
Blanca Lilia Ibarra sostuvo que para que esto suceda, se debe asegurar la existencia y funcionalidad de los mecanismos de participación ciudadana, donde las y los ciudadanos puedan expresar sus opiniones, defender sus intereses, cuestionar las decisiones gubernamentales y modificar las políticas o proyectos que representan una afectación a sus comunidades y a su entorno natural.
“El acceso a la información es solo el primer paso para que las personas participen activamente en la defensa de su derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.
Así pues, si los ciudadanos cuentan con garantías de acceso efectivo a la información en materia ambiental, entonces habrán de formarse una opinión objetiva que les empodere para actuar colectivamente en proyectos que promuevan un uso más racional y sustentable de los recursos naturales”, puntualizó.
La Comisionada del INAI manifestó que actualmente la preocupación de países, organismos multilaterales, dependencias gubernamentales y la población sobre los riesgos ambientales y ecológicos resultan de la mayor trascendencia. Muestra de ello, dijo, es que, en todo el mundo, la preservación y el cuidado de los ecosistemas, los recursos naturales y el medio ambiente ocupan un lugar prioritario en la agenda pública global.
“Por mencionar un ejemplo, dentro de la Agenda 2030 de Naciones Unidas se establecen diferentes objetivos que buscan generar acciones o estrategias específicas para combatir el cambio climático, mejorar la calidad del agua y el saneamiento, desarrollar fuentes no contaminantes de energía, invertir la degradación de las tierras y la desertificación, así como preservar y utilizar sosteniblemente los recursos marinos, entre otros”, expresó. Bajo este contexto, agregó que velar por el futuro de las próximas generaciones nos obliga a considerar la relevancia de la garantía de nuestro derecho a un medio ambiente sano, reconocido en el artículo 4º de nuestra Carta Magna.
Para ello, puntualizó, es indispensable contar con información pública en materia ambiental, a efecto de que las personas conozcan y evalúen el estado que guardan los recursos naturales de nuestro país, así como los mecanismos y resultados obtenidos del monitoreo de la calidad del aire, del agua o del suelo.
“En el Acuerdo de Escazú —un tratado ambiental pionero para la región de América Latina y el Caribe adoptado en 2018— se tratan aspectos ambientales tan importantes como el uso sostenible de los recursos naturales, la conservación de la diversidad biológica, la lucha contra la degradación de las tierras y el cambio climático y el aumento de la resiliencia a desastres desde una perspectiva regional”, agregó.
Es aquí, añadió, donde se inserta la relevancia de este Acuerdo, el cual se instaura como un instrumento internacional que fortalece la regulación del derecho de acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en relación con temas ambientales.
En el Panel “Los Derechos de Acceso” participaron Camila Zepeda Lizama, Directora General para Temas Globales de la Secretaria de Relaciones Exteriores; Benito Mirón López, Director General de Construcción de Ciudadanía y Participación Social de la Secretaría de Gobernación; Alejandra Rabasa, Investigadora del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Angélica María Ek Canché de Colectivo de Comunidades Mayas.