El secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS) del estado de Guerrero, Omar Estrada Bustos, acusó que el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan tiene una «especie de reclutamiento» de jornaleros agrícolas migrantes.
La Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, junto a diversas organizaciones, respondió que es preocupante que el gobierno de Guerrero, encabezado por la morenista Evelyn Salgado, intente responsabilizar a una organización de la sociedad civil por problemáticas que tienen su origen en la falta de atención estructural a la población más marginada.
El apoyo del gobierno estatal, indica, se ha limitado a la entrega de proyectos productivos ocasionales y distribución de despensas.
Aseguró que las familias continúan migrando en condiciones vulnerables, enfrentando extorsiones por parte del crimen organizado, así como abusos policiales.
El diario El Sur publicó en su edición impresa del 10 de febrero una entrevista con el titular de la STPS estatal, Omar Estrada Bustos, bajo el título “Recluta Tlachinollan jornaleros con empresas no ligadas al Servicio Nacional del Empleo: STyPS”.
El funcionario fijó una postura respecto a un informe que Tlachinollan dio la semana pasada que registra que 13 mil 36 jornaleros agrícolas de los municipios más pobres de la Montaña emigraron al norte del país en 2025, casi dos mil más que el 2024.
El registro lo realizó el área de Fortalecimiento Comunitario de Tlachinollan y el Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña con los jornaleros que salieron desde la Casa del Jornalero o Unidad de Servicios Integrales de Tlapa.
El organismo denunció además cuatro asaltos con violencia a autobuses de jornaleros y extorsión por parte de delincuentes.
Textualmente el funcionario manifestó:
“No existe este tema de coordinación o de una colaboración que permita justamente tener seguimiento puntual de quiénes son las empresas que contratan a los jornaleros que vincula Tlachinollan”.
El secretario del Trabajo dijo que “hay voluntad” del organismo de compartir el registro de jornaleros.
De acuerdo con El Sur, en la entrevista el secretario del Trabajo dijo que son respetuosos del organismo de derechos humanos “que se dedica a este tipo de temas, tienen una especie de reclutamientos, hacen ese trabajo social en favor de la comunidad agrícola migrante”.
Incluso Omar Estrada planteó que el “reclutamiento de jornaleros” se haga por medio del Servicio Nacional de Empleo en Guerrero para una movilidad ordenada y segura.
En una misiva firmada por la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, que agrupa a organizaciones nacionales e internacionales, se indica que las afirmaciones no sólo son imprecisas, sino que desvirtúan y deslegitiman el trabajo histórico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, organización con más de tres décadas de acompañamiento a comunidades indígenas frente al abandono institucional, la violencia estructural y la vulneración sistemática de sus derechos.
La labor de Tlachinollan ha sido de acompañamiento integral a jornaleros agrícolas y nunca de reclutamiento laboral, añade.
“La organización documenta violaciones a derechos laborales y humanos, fortalece capacidades para su defensa y sostiene espacios de atención como la USI, conocida como la Casa del Jornalero, en Tlapa de Comonfort, Guerrero, donde cada año miles de familias reciben alimentos, atención médica y un lugar para pernoctar durante sus trayectos migratorios”, apunta la Red Nacional de Jornaleros.
Asienta que el registro de Tlachinollan y el Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña se hace público y se comparte con instituciones, aportando información clave sobre trayectorias migratorias, migración de niñas, niños y adolescentes, y el acceso a programas sociales.
“Este registro es único en la región e incluso más detallado que las plataformas públicas existentes y que, en su elaboración, Tlachinollan no actúa como intermediario laboral, sino que registra, documenta y acompaña a las familias jornaleras”.
“Resulta especialmente preocupante que se intente responsabilizar a una organización de la sociedad civil por problemáticas que tienen su origen en la falta de atención estructural de las autoridades, pues desde hace años la Comisión Intersecretarial de Atención a Jornaleros Agrícolas Migrantes no funciona en la práctica, pese a que presentó algunas iniciativas en noviembre de 2025”.
El apoyo del gobierno de Guerrero, encabezado por la morenista Evelyn Salgado, indica, se ha limitado de manera insuficiente a la entrega de proyectos productivos ocasionales y distribución de despensas, sin una política con enfoque de derechos que atienda causas estructurales de la migración interna y el abandono histórico de las comunidades de la Montaña.
Y acusa que no ha habido una respuesta efectiva que atienda la situación de la población jornalera agrícola, ni se han establecido mecanismos desde la Secretaría del Trabajo a nivel local para regular, supervisar o sancionar a las empresas que ofrecen empleo fuera del marco legal.
“Esta situación no se resuelve exclusivamente mediante un enfoque centrado en la migración jornalera a partir de las empresas registradas en el Servicio Nacional del Empleo”.
Ante la falta de oportunidades, muchas familias jornaleras se ven obligadas a aceptar los empleos que se ofrecen en espacios como la USI y trabajar en condiciones indignas que vulneran sus derechos.
“Estas familias continúan migrando en condiciones de extrema vulnerabilidad, enfrentando extorsiones por parte del crimen organizado y abusos de policías municipales y estatales, mientras que en los campos agrícolas persisten condiciones de explotación laboral”.
Las organizaciones piden al gobierno de Guerrero cesar los señalamientos contra organizaciones de derechos humanos, coordinarse con las organizaciones y comunidades, fortalecer sistemas de inspección laboral y protección de jornaleros, así como rectificar que Tlachinollan es una organización de defensa de los derechos humanos y no participa en el reclutamiento de personas jornaleras para labores agrícolas.
Firman el comunicado la Alianza Campo Justo, integrada entre otras organizaciones por Oxfam México, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas y el mismo Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”.
Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC), en la que confluye ARTICLE 19 México y Centroamérica, organizaciones regionales de derechos humanos y el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC).
La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT), integrada por 88 organizaciones en 23 estados de la República Mexicana.
Con información de Proceso
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