El 10 de febrero, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ordenó el cierre temporal del espacio aéreo sobre el Aeropuerto Internacional de El Paso, Texas, por “razones especiales de seguridad”, decisión que la fiscal general de EE. UU., Pamela Bondi, y el secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, atribuyeron a la incursión de drones pertenecientes a un cártel mexicano y a una operación militar en la zona de Fort Bliss.
Horas después, el 11 de febrero de 2026, la FAA levantó la restricción al concluir, junto con el Departamento de Defensa, que no existía amenaza para la aviación comercial, mientras que en México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que su Gobierno no cuenta con información que confirme el uso de drones de cárteles en la frontera que hubiera motivado la medida estadounidense.
Según avisos para misiones aéreas (NOTAM, por sus siglas en inglés) publicados por la FAA, la restricción de vuelo entró en vigor el 10 de febrero de 2026 a las 23:30 horas tiempo de montaña y se extendería hasta la misma hora del 20 de febrero, abarcando un radio de 10 millas náuticas alrededor de El Paso, desde la superficie hasta los 17 mil 999 pies de altitud, sin incluir el espacio aéreo mexicano.
La medida también cubrió la zona de Santa Teresa, Nuevo México, y advirtió que las aeronaves que violaran el área restringida podrían ser interceptadas, con posibles sanciones administrativas, detención de pilotos, investigaciones y uso de fuerza letal si se consideraba que representaban una amenaza inminente para la seguridad de Estados Unidos.
Un funcionario del Gobierno Federal estadounidense señaló que drones de un cártel mexicano violaron el espacio aéreo de Estados Unidos en la región de El Paso y que el Departamento de Defensa tomó medidas para neutralizarlos, tras lo cual esa dependencia y la FAA determinaron que no existía riesgo para los vuelos comerciales.
Pam Bondi declaró que el Ejército de Estados Unidos “en estos momentos está derribando drones de los cárteles” y sostuvo que ese tipo de incursiones representa la preocupación central de seguridad para el país, mientras que Duffy afirmó que la amenaza había sido neutralizada y que no existía peligro para los viajes comerciales, en línea con el mensaje oficial de la Casa Blanca sobre el incidente.
Medios estadounidenses, con base en fuentes informadas, indicaron que el cierre respondió a operaciones militares desde instalaciones de Fort Bliss y del aeródromo militar Biggs Army Airfield, donde se habrían probado sistemas de contramedidas contra drones, incluida tecnología láser, en áreas adyacentes a rutas de vuelo civiles.
La clasificación del espacio aéreo sobre El Paso como “Espacio Aéreo de Defensa Nacional” permitió a las autoridades incluir en los NOTAM advertencias de que las aeronaves que ingresaran sin autorización podían ser interceptadas y sus pilotos sometidos a interrogatorio por personal de seguridad y cumplimiento de la ley, además de enfrentar cargos penales si incumplían los procedimientos establecidos.
La FAA informó que el cierre se levantó el 11 de febrero de 2026 y que “no existía amenaza para la aviación comercial”, mensaje replicado en español por la Embajada de Estados Unidos en México, mientras que el Aeropuerto Internacional de El Paso precisó que la orden se emitió con poca antelación y confirmó que todos los vuelos se mantuvieron en tierra desde la noche del 10 de febrero. Plataformas de rastreo de vuelos reportaron que, durante las 7 horas y 24 minutos que estuvo activa la restricción, se cancelaron ocho operaciones de llegada y salida.
En México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que el Gobierno de México no tiene información que confirme la hipótesis de que drones de cárteles mexicanos motivaron el cierre del espacio aéreo en El Paso.
“No hay ninguna información de uso de drones en la frontera” dijo y subrayó que, hasta ese momento, ninguna instancia estadounidense había transmitido a su Administración datos que acreditaran la versión difundida por funcionarios federales de Estados Unidos y medios internacionales.
Sheinbaum Pardo agregó que, si autoridades como la FAA o dependencias de seguridad de Estados Unidos contaran con elementos adicionales, podrían compartirlos con el Gobierno mexicano a través de los canales bilaterales existentes, y sostuvo que su Gobierno seguiría los mecanismos de intercambio de inteligencia establecidos para abordar incidentes vinculados con drones en la frontera.
Esta situación abrió cuestionamientos respecto a la coordinación y el flujo de datos de seguridad entre ambos países. En su mensaje, Sheinbaum Pardo insistió en que la información disponible para su Administración no respaldaba la narrativa de que “narcodrones” hubieran obligado a cerrar el espacio aéreo en una de las principales ciudades fronterizas entre Estados Unidos y México, mientras que en Washington se mantenía la versión de que la amenaza fue neutralizada mediante acciones militares específicas.
El episodio se desarrolló en un contexto de creciente preocupación en Estados Unidos y México por el uso de drones por parte de cárteles del narcotráfico a lo largo de la frontera.
Autoridades estadounidenses han documentado desde febrero de 2022 más de 155 mil vuelos de estos aparatos procedentes de territorio mexicano, empleados para vigilar operaciones de la Patrulla Fronteriza, recolectar información sobre despliegues de seguridad, coordinar cruces de personas y contrabando de drogas, e incluso transportar cargamentos de narcóticos en sectores como Ciudad Juárez y El Paso.
Organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa han incrementado el uso de drones modificados con explosivos en ataques en diversas regiones de México, lo que ha motivado presiones adicionales de Estados Unidos para fortalecer la cooperación bilateral en seguridad aérea y control de dispositivos no tripulados.
En este marco, el 16 de diciembre de 2025, los Gobiernos de México y Estados Unidos acordaron un mecanismo de interconexión de inteligencia para combatir los llamados “narcodrones”.
Según información difundida sobre ese acuerdo, las autoridades de ambos países establecieron protocolos para compartir en tiempo real datos sobre vuelos de drones sospechosos y coordinar respuestas conjuntas.
Con información de ZETA
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