En el marco de su primer aniversario, integrantes de la Red Nacional de Comunidades Envenenadas en Resistencia (Renacer) alertaron sobre los severos daños que está provocando la contaminación del Río Atoyac, pues dijeron que el 41 por ciento de los casos de leucemia infantil de todo el país se concentra en las inmediaciones de dicho afluente.
En rueda de prensa, detallaron que la estadística en cuestión abarca a personas de cero a 19 años de edad y dijeron que también ya se están reportando casos de jóvenes con metales en su organismo o en su metabolismo.
Asimismo, comunicaron que, desde el año 2010, las industrias desechan diariamente 63.7 toneladas de basura, de las cuales 17 se vierten al río Atoyac y a sus afluentes.
Agregaron que el 70 por ciento del agua contaminada en el Atoyac proviene del municipio de Puebla y recordaron que, en esta demarcación, el saneamiento del vital líquido le corresponde a la empresa Concesiones Integrales o Agua de Puebla.
Cuestionados sobre las acciones de limpieza del río anunciadas por la Federación en sinergia con el estado, indicaron que no se han incluido a las organizaciones sociales en dicha estrategia.
Por otro lado, mencionaron que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) tiene un déficit de supervisores para identificar a las empresas y puntos en donde se realizan las descargas masivas de contaminantes.
Sostuvieron que las brigadas de limpieza contempladas por las autoridades deben atender primero el origen de la contaminación, es decir, identificar y frenar a las compañías que hacen descargas irregulares.
Abundaron que no basta con solamente multarlas, sino se detienen momentáneamente sus actividades para limpiar el agua que contaminaron.
A nivel nacional, las y los integrantes de Renacer exigieron que las instancias gubernamentales federales, estatales y municipales no sigan excluyendo a las comunidades afectadas en la toma de decisiones.
Igualmente, les demandaron no imponer megaproyectos en el territorio nacional y hacer que se cumpla el Acuerdo de Escazú firmado por México, que es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, vigente desde el 22 de abril de 2021, el cual busca garantizar el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales.
Por otro lado, solicitaron que se solucionen los problemas de salud antes de instalar más corredores industriales y exhortaron a medir todas las sustancias tóxicas peligrosas que liberan en el ambiente las industrias.
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