Sin embargo, la CNDH detectó fallas en los protocolos para prevenir la violación de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.

La situación de las cárceles de Apizaco y Tlaxcala -dependientes del gobierno local- mejoraron su calificación respecto a la media nacional, que fue de 6.45, al obtener 7.45 en una escala del 1 al 10, sin embargo, aún existen fallas en tres de los cinco rubros evaluados.

De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2018 elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Centro de Reinserción Social de Apizaco (Cereso) obtuvo una calificación de 7.51.

Sin embargo, la CNDH detectó que carece aún de protocolos que prevengan la violación de los derechos humanos de los internos y de atención en caso de detección, existen deficientes condiciones materiales y de higiene en las instalaciones, insuficiencia de personas de seguridad y custodia, insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación e insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria.

Por otro lado, mejoró en los rubros sobre las condiciones materiales e higiene en comedores, alimentación y en las instalaciones para la comunicación con el exterior, en la capacitación del personal carcelario, en la integración de las carpetas técnico jurídicas, en el funcionamiento del Comité Técnico y la implementación de actividades educativas.

El Cereso de Tlaxcala obtuvo 7.39 puntos, calificación que creció en comparación con los dos años previos, aunque presenta fallas por la insuficiencia de programas de prevención y atención de incidentes violentos, falta de prevención y atención de violaciones de derechos humanos, insuficiencia en las vías de comunicación de quejas por malos tratos, deficientes condiciones materiales y de higiene en las instalaciones, insuficiente personal de seguridad y en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria.

A nivel nacional, el Diagnóstico ubica el Centro de Rehabilitación Social Venustiano Carranza, en Nayarit, con el peor promedio: 4.21 de calificación; además de los centros Penitenciario de Santa Rosalía y de Reinserción Social de Ciudad Constitución, ambos en Baja California Sur, con 4.22 y 4.27, respectivamente; el Centro de Reinserción Social Apan, en Hidalgo, 4.32; y el Centro Regional de Reinserción Social de Tecpan de Galeana, en Guerrero, con 4.47 puntos; por otro lado, sólo tres obtuvieron un promedio de evaluación de 8 en Guanajuato (8.21), Querétaro (8.21) y Coahuila (8.01).

El informe de la CNDH enfatiza que aún faltan medidas que garanticen los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, vías de denuncia, sobrepoblación y autogobierno.

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