El gobierno de México aceptó la responsabilidad del Estado mexicano en la violación a los derechos fundamentales de Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena náhuatl de la Sierra de Zongolica, Veracruz, quien en 2007 fue víctima de violación sexual y tortura de parte de un grupo de soldados, agresiones que llevaron a su muerte.
Este martes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) notificó al Estado mexicano la sentencia en la que resolvió que fue omiso en su deber de brindar a la víctima y sus familiares garantías como acceso a una atención médica oportuna y a una investigación con “debida diligencia”, con lo que violentó los derechos a la vida, la integridad y la salud, a la no discriminación y de acceso a la justicia, a la verdad y protección judicial
Las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Gobernación (SG) informaron esta noche que analizarán “con detenimiento” el contenido de la sentencia del tribunal interamericano, a fin de cumplir con las obligaciones marcadas en la misma con apego a la perspectiva de género y a un enfoque interseccional.
El 25 de febrero de 2007, durante la llamada “guerra contra el narco” de Felipe Calderón, efectivos del Ejército mexicano violentaron y causaron la muerte de la mujer indígena, quien tenía 73 años de edad.
En su afán por eludir la responsabilidad, el gobierno del panista negó que el fallecimiento se haya dado a causa de las agresiones sexuales y la tortura, y lo atribuyó a una supuesta “gastritis crónica”. En esa misma línea se pronunció en su momento la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ante la falta de justicia en el país, diversos colectivos llevaron el caso ante la CoIDH.
En un comunicado conjunto, la SRE y la SG señalaron que durante la audiencia de notificación, que se realizó en San José, Costa Rica —sede de la CoIDH—, “el gobierno de México aceptó su responsabilidad por la vulneración de los derechos humanos a la vida y la salud de la señora Ascencio, derivado de la ausencia de servicios médicos oportunos y adecuados”.
Las dependencias reconocieron que también se vulneraron los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial tanto de la víctima como de su familia; así como el derecho a la integridad personal de sus familiares.
“La posición del Estado mexicano es siempre ser solidarios con las víctimas para conocer la verdad, garantizar justicia y la reparación del daño, así como la no repetición, por lo que se analizarán con todo detenimiento los razonamientos y elementos de convicción contenidos en la sentencia y actuar como corresponda, siempre con perspectiva de género y enfoque interseccional”, apuntaron.
Reafirmaron el “compromiso” del Estado mexicano en contra de la violencia hacia las mujeres y por la protección de los derechos de los pueblos indígenas.
Con información de La Jornada
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