Un total de veinte organizaciones civiles firmaron un pronunciamiento para manifestar su preocupación ante la propuesta del Gobierno de Puebla de organizar arrancones «legales» en el Autódromo de Amozoc y construir una pista «Cuarto de Milla» para realizar este tipo de carreras, y evitar que dicha actividad se efectúe en vialidades de la zona metropolitana.
TE RECOMENDAMOS: Fuerza por México en contra del uso de recursos públicos para realizar arrancones “legales” en Puebla; Morena apoya iniciativa del gobierno estatal
«No se trata sólo de abrir una pista y permitir su uso. Hay responsabilidad civil involucrada desde quien organiza estos eventos, gestiona los espacios y participa en los mismos (…) Dedicar recursos públicos para organizar e incluso construir infraestructura para estas actividades en vez de priorizar la inversión en seguridad vial constituye un dispendio y un uso caprichoso del erario», se aseveró.
Para los firmantes del pronunciamiento, el Gobierno del Estado está normalizando el exceso de velocidad al conducir. «Cualquier política que incentive prácticas de riesgo va en sentido contrario a esta obligación. Además de ser contrario a la Ley, recalcamos que no existe evidencia de que legalizar arrancones reduzca los riesgos que estos representan».
«Legalizar competencias de aceleración normaliza y promueve una conducta que los gobiernos deberían desalentar, especialmente en un estado donde la velocidad ya es un problema crítico de seguridad pública. La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV) establece el mandato de reducirlos factores de riesgo, entre ellos la velocidad, y obliga a las autoridades a priorizar la vida y la integridad de las personas. Cualquier política que incentive prácticas de riesgo va en sentido contrario a esta obligación.Además de ser contrario a la Ley, recalcamos que no existe evidencia de que legalizar arrancones reduzca los riesgos que estos representan», señala el documento.
Además se afirmó que se deben hacer esfuerzos para reducir la siniestralidad vial que afecta a los jóvenes, al mencionar que en México los accidentes en automóvil por alta velocidad son la principal causa de muerte de personas jóvenes entre 15 y 29 años. «Ningún joven debería morir en un siniestro de tránsito (…) Las muertes por esta causa son prevenibles, y es responsabilidad de las autoridades garantizarla no repetición de este tipo de eventos».
«Si bien coincidimos en la necesidad de atender las prácticas de conducción riesgosa que hoy ocurren de manera informal, la solución no puede construirse normalizando actividades que promueven el exceso de velocidad. La seguridad vial exige políticas basadas en evidencia, no en apuestas populistas que incrementan el riesgo para toda la sociedad».
«La conducción a alta velocidad, incluso en un espacio controlado, sigue siendo riesgosa. Cuenta de ello son todas las precauciones y medidas que se implementan en eventos de automovilismo deportivo, que hacen de esta actividad una que requiere de cuantiosos recursos económicos utilizados para realizar diversas actividades: inspecciones vehiculares; capacitación a personal; revisión y en su caso mantenimiento para llantas,frenos y luces para que estén en buen estado; pruebas de estado etílico previas a las competencias.»
En este sentido, las organizaciones firmantes solicitan al Gobierno de Puebla:
- Fortalecer los operativos de control de velocidad y alcoholimetría.
● Invertir en infraestructura segura, especialmente para el rediseño de las vías donde suceden este tipo de competencias.
● Implementar programas de licencias graduales, cursos y pruebas prácticas para conducción segura, no sólo con simuladores, sino con exámenes con vehículos y evaluadores.
● Atender a víctimas de siniestros y prevenir nuevos casos.Finalmente, señalamos claramente que las familias de víctimas merecen respeto, no señales equivocadas.
También solicitaron al Congreso del Estado de Puebla, en especial al diputado Pavel Gaspar, presidente de la junta de Gobierno y Coordinación Política del poder Legislativo a rechazar cualquier iniciativa que promueva actividades de riesgo y, en su lugar, fortalecer una política integral de seguridad vial alineada con la LGMSV y con las obligaciones nacionales e internacionales en materia de protección a la vida.
Este pronunciamiento fue firmado por veinte organizaciones, entre ellas Manu Vive A.C.; Movimiento de Personas con Discapacidad; Observatorio Ciudadano Urbano y Ambiental para el Estado de Puebla; Transporte Digno Puebla; Árboles Patrimoniales de Puebla; Manada Cultura de Paz; Periferia Verde; Espacio Público; Colectiva Bienestar Social; Ciudad Activa; Puebla Vigila; Mejor Transporte Público para Puebla; Asociación de Fraccionamientos A.C; Atilla Bisiket Proyecto de Velocidad; Héctor Cortés; Red Puebla para Todos; Moverte Movilidad y Desarrollo Urbano; Visión Urbana 2029; Agenda Ciudadana por los Árboles y Áreas Verdes; y Tiza Participación & Planeación Activa.
Para más información de SOCIEDAD haz clic AQUÍ.
Sigue la información de última hora en las redes sociales de URBANO Noticias Puebla y Tlaxcala.