María Fernanda León ha usado las redes sociales y diversas entrevistas en medios de comunicación para exhibir cómo ha sido víctima de violencia institucional por parte de funcionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla así como del Poder Judicial tras denunciar una golpiza y amenazas por parte de su exesposo.
En su cuenta de Instagram, compartió una serie de videos para solicitar apoyo tanto a la presidenta Claudia Sheinbaum, como a la secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández y al gobernador Alejandro Armenta.
A través de la misma cuenta, el Coordinador del Gabinete del estado de Puebla, José Luis García Parra le respondió a María Fernanda que ha solicitado un informe sobre su caso, al advertir que: «No se van a permitir injusticias».
Es importante mencionar que la violencia que ha sufrido María Fernanda por parte de Israel, quien la amenaza con quitarle al bebé de ambos, y golpearla, se ha denunciado desde el 8 de marzo.
No obstante, es hasta ahora, ocho meses después que intensificó la pedida de ayuda para contrarrestar los ataques de su agresor, al narrar que un juez liberó una orden de aprehensión en su contra por defenderse de la golpiza.
La violencia institucional en la FGE Puebla
De acuerdo con la denuncia que ha hecho María Fernanda en sus redes sociales, recordó que el 1 de diciembre de 2024 fue agredida físicamente y por ello presentó una denuncia ante la Fiscalía de Género, pero la investigación no avanzó, pese a la gravedad del hecho.
La joven madre contó que fue golpeada para poder quitarle a su hijo. En ese momento su exesposo fue apoyado por familiares, específicamente por su exsuegra quien la sujetó de las piernas, tirada en el piso, para que él la pudiera agredir fisicamente.
Posterior a la denuncia, Israel presentó una denuncia contra María Fernanda para señalar que ella lo agredió exhibiendo los “rasguños” que le hizo para defenderse de la golpiza.
María Fernanda afirma que la denuncia de él sí avanzó y fue judicializada en menos de un mes, por lo que sospecha tráfico de influencias o corrupción por parte de la agente del Ministerio Público Karen Elizabeth y el juez de control David Rodríguez González
En su caso, la carpeta de investigación no registra avances y se le han rechazado pruebas de la agresión como son: fotos, videos o valoraciones médicas. Además, asegura que desaparecieron dictámenes.
Expuso también que José María Barragán Baruch, funcionario en la FGE Puebla la amenazó con una orden de aprehensión y con quitarle a su hijo sino hacía lo que se le ordenaba en el caso. Derivado de ello, el 27 de octubre de 2025 se giró una orden de aprehensión.
Tras la denuncia de María Fernanda, la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado para negar las acusaciones y afirmar que «todos los expedientes que involucran a mujeres, se integra conforme a derecho y con perspectiva de género».
Además, en el comunicado se señala que la denunciante debe acercarse a las autoridades correspondiente para atender su caso, ante las acusaciones hechas en medios de comunicación y redes sociales:
«Esta institución procuradora de justicia reconoce y respeta el uso de medios de información por parte de la ciudadanía. No obstante, es fundamental destacar que los asuntos jurídicos deben hacerse del conocimiento de la autoridad ministerial por las vías oficiales y bajo los mecanismos establecidos».
La violencia institucional del Poder Judicial de Puebla
Sobre el Poder Judicial, acusó que la jueza Antonia Inés Morales Palacios extravió su expediente, incluidos los videos que muestran la violencia ejercida frente a su hijo, pruebas que presentó como parte del juicio de guardia y custodia.
Además, el secretario de acuerdos, Jesús Antonio Concha Cortés, intenta convencerla de aceptar un acuerdo con los términos que ha fijado Israel, su expareja.
¿Qué es la violencia institucional contra las mujeres?
De acuerdo con la Cartilla de Violencia Contra la Mujer publicada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la violencia institucional son:
“Los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicarlos diferentes tipos de violencia”.
La violencia institucional ocurre cuando «has presentado una denuncia por ser víctima de algún tipo de violencia, o has sido despojada injustamente de tus derechos y las instituciones no te han proporcionado un trato digno de calidad y calidez, e incluso cuando las autoridades han tolerado la vulneración de derechos o han participado en complicidad con tu agresor».
La violencia institucional la comenten: la Policía, el Ministerio Público, los jueces y los magistrados de tribunales, las autoridades escolares o cualquier otro agente de autoridad por acciones u omisiones que violenten tus derechos y/o atenten contra tu dignidad e integridad personal y familiar.
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