Luego de siete años de lucha jurídica, fueron reinstalados en sus diferentes escuelas públicas, tras ser cesados en 2012 por negarse a aplicar la prueba Enlace.
Luego de siete años de lucha jurídica, finalmente 9 maestros democráticos fueron reinstalados de las diferentes escuelas públicas de los que fueron cesados en 2012 por negarse a aplicar la prueba Enlace, examen que partir del 2014 dejó de aplicarse en todo el país.
Integrantes del Consejo Magisterial Poblano y padres de familia acompañaron y festejaron cada reinstalación. La comunidad ha reconocido a cada docente como víctima de la represión por parte del gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas que hostigó y persiguió laboralmente a cada opositor de la implementación de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, a la fecha considerada como el peor error de su administración.
Maestros cesados no aplicaron la prueba Enlace, no por decisión propia sino obedeciendo a la asamblea de padres de familia; el Consejo Democrático Magisterial Poblano ha sostenido que la oposición fue en legítima defensa de la educación pública.
Aunque la reinstalación de maestros comenzó desde el 9 de julio, ayer en rueda de prensa, el profesor Miguel Guerra Castillo, vocero del CDMP confirmó el hecho.
Dando cumplimiento al acuerdo que fue firmado en las oficinas del gobernador en turno, Guillermo Pacheco Pulido y la Secretaría de Educación Pública (SEP), los primeros en ser reinstalados fueron 5 profesores de la región de Acatlán: Eulogio Solano Leal, Teódulo Rangel Guzmán, Moisés Tigre Aquino, Cecilio Aguilar Rodríguez y Rodolfo Vázquez Hernández.
Este miércoles, María Armenia Alejandro Izquierdo y Humberto Ramiro Arciga de Tehuacán, y Miguel Guerra Castillo firmaron su reinstalación y mañana jueves, Rigoberto Ortiz Martínez de Huauchinango.
RMV cesó 41 docentes, 40 directores y un maestro de aula
El oficio de cese de 2012 de la SEP en 2012, dirigido a 40 directores y un maestro de aula, el profesor Miguel Guerra Castillo, vocero del Consejo Democrático Magisterial Poblano por “omisión y desacato respecto a la aplicación de la prueba ENLACE” fue el primero de muchos golpes más que recibirían los maestros democráticos que conformaban en el Estado una trinchera contra las políticas privatizadoras de la educación.
La SEP siempre sostuvo fue que los cuarenta directores cesados eran personal de confianza y según la “Ley Burocrática”, una ley secundaria de Puebla, no tenían nombramiento de base y por tanto podían ser despedidos en cualquier momento, sin la protección del Artículo 123 Constitucional, Apartado B, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
De los 41 maestros cesados, 24 sucumbieron a la mano dura del gobierno estatal. Unos se doblegaron y rectificaron su oposición a Enrique Peña Nieto, otros pidieron licencia, unos más se reinstalaron perdiendo derechosbajo el esquema de castigo, incluso uno falleció.
Pero para 15 directores y 1 maestro de aula, el cese y la persecución sólo animó su lucha. Los 16 maestros democráticos iniciaron una batalla legal contra la SEP y la administración morenovallista bajo el acompañamiento del abogado laboral Abelardo Cuellar.
En el transcurso del proceso legal, estos 16 maestros recibieron ofrecimientos diversos para un acuerdo, uno era reubicarlo en otra escuela, otra darle un cargo administrativo pero en todos los casos tenía que desistirse de la demanda y renunciar a su derecho del pago por todos los salarios perdidos a partir de su despido.
En el transcurso, cinco maestros abandonaron la batalla legal que se prolongó por siete años, unos se fueron jubilando y sólo una maestra se desistió de la demanda dada la agudización de la enfermedad de una de sus hijas. Pero 10 se mantuvieron firmes en el Tribunal de Arbitraje del Estado.
Hace dos años, uno de estos 10 maestros democráticos, Joaquín Aguilar fue reinstalado en su escuela en Tlapanalá, pero aunque la defensa de Cuellar fue impecable, el gobierno del Estado no tenía la voluntad política para la reinstalación de la decena de los docentes.
En su posicionamiento, los integrantes del CDMP reconocieron el cumplimiento de los compromisos de López Obrador, del Gobierno del Estado de Puebla, del Tribunal de Arbitraje del Estado, pero insistieron que “no dejarán de señalar y denunciar a los funcionarios que tuercen la ley para imponer el miedo y el control político”
También aseguraron que acompañarán hasta finiquitar el litigio laboral de tres maestros cesados Zenón González Aguilar, el ceiba Huauchinango; haciendo válido el Artículo 3 Transitorio del Decreto de la reforma educativa que señala que afectaciones por la reforma educativa serán suspendidas.
En lo que señalaron como un triunfo del movimiento social, emitieron un reconocimiento a La Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) “28 de Octubre”, la Asamblea Social del Agua, el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla, el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, el Sindicato Mexicano de Electricistas, el MIOCUP ´CNPA, las radios comunitarias Y Asociaciones de Padres de Familia, entre otros.
También desmintieron los comunicados del SNTE en el sentido de haber defendido y reinstalado a los maestros, pretendiendo ocultar que el SNTE fue un ariete del gobierno para imponer la reforma educativa y la evaluación punitiva y por tanto ser comparsas y cómplices del cese de miles de maestros en todo el país.