Ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDH) de Puebla fueron presentadas los días 16 y 22 de julio sendas denuncias contra Aracelí Caselín Espinoza, Subsecretaria de Prevención de la Violenia y la Discriminación (SPVD), y Paola Ramírez Serafín, jefa del Departamento de Atención a Mujeres con alto Nivel de Riesgo de la Dirección de Atención a Mujeres Víctima, ambas funcionarias de la Secretaría de las Mujeres.
De acuerdo con los documentos a los que tuvo acceso Urbano Noticias, las quejas exhiben una serie de agravios cometidos contra trabajadoras de la dependencia, que violentan sus derechos humanos, acciones que se contraponen a los objetivos centrales de dicha secretaria: busca prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres y atender a la víctimas.
El 16 de julio la Dirección de Quejas y Orientación recibió una queja dirigida a la titular de la CDH Puebla, Rosa Isela Sánchez Soya, firmada por Cynthia Rodríguez Zepeda, quien narró que el 15 de julio del años en curso, se le solicitó su renuncia como analista por honorario de la Subdirección de Prevención Estratégica, bajo el argumento de que hubo un recorte presupuestal que impedía que siguiera laborando en la secretaría.
La quejosa explica que, los argumentos para su baja fueron una mentira, pues al día siguiente se incorporó a otra persona para cubrir la plaza, por intervención de A.E.R.M., funcionaria cercana a Caselín, y que asegura tener respaldo de varias personas que la hacen ser «intocable».
Rodíguez Zepeda considera que estos hechos vulneraron gravemente sus derechos laborales, así como el de otras personas trabajadoras de la dependencia ya que advirtió que «hay represalías extrainstitucionales», además de «practicas que configuran un ambiente de hostigamiento laboral y discriminación institucional», usurpación de funciones, difusión de rumores y descalificaciones, exclsuivón deliberada, amenazas verbales de despido, vigilancia desmedida y trato preferencial.
La quejosa exige que la CDH Puebla haga una investigación y se le restituya en su puesto de trabajo, que se emitan medidas precautorias y se revise el actuar de Araceli Caselín.
Respecto a la queja formulada por Claudia Bobadilla Eslava, el 22 de julio se solicita a la intervención de la CDH Puebla por actos y omisiones cometidos por Paola Ramírez Serafín, jefa del Departamento de Atención a Mujeres con alto Nivel de Riesgo de la Dirección de Atención a Mujeres Víctima.
La promovente afirma que la funcionaria obligó a dos de sus compañera a firmar un acta administrativa en su contra, bajo una serie de amenazas, entre ellas la pérdida de empleo.
Dijo que su superiora tuvo un comportamiento autoritario y prepotente, con ella, además de que la obligó a estar en una habitación sin su teléfono celular y sin la posibilidad de defenderse de varios señalamientos sin prueba alguna, entre ellos incumplimiento en rondines, maltrato a usuarios y uso indebido de índole sexual de espacios en el «Refugio». Debido al hostigamiento sistemático, dijo que tomó la decisión de firmar la renuncia que se le sugirió el 17 de junio.
«Por lo anteriormente expuesto, solicito respetuosamente se lleve a cabo una investigación exhaustiva y diligente respecto a las conductas de la servidora pública mencionada, en virtud de que su actuación constituyó actos de violencia institucional, abuso de poder, y una grave vulneración de mis derechos humanos».
Trabajadores y trabajadoras afirman que hay más casos de violaciones a derechos humanos.
Es pertinente mencionar que además de estas dos quejas formuladas en julio de 2025, existe un carta dirigida a medios de comunicación firmadas por trabajadores y trabajadoras de la Subsecretaria de Prevención de la Violenia y la Discriminación, quienes enlista una serie de irregularidades laborales y violaciones a los derechos humanos dentro de la institución.
«Las denuncias internas apuntan directamente a la gestión de la subsecretaría Araceli Caselín Espinoza, a quien se le atribuyen prácticas de exclusión, hostigamiento, intimidación y discrecionalidad en el manejo de personal».
También se señala que hay diversos testimonios que relatan un «ambiente laboral marcado por el temor y la presión». La Subsecretaria he hecho afirmaciones públicas donde presume de un respaldo directo del gobernador, lo que ha sido interpretado como una forma de blindaje frente a cualquier tipo de supervisión o queja formal», señala el documento.
Derivado de todo lo anterior se solicita a la titular de la Secretaría de las Mujeres, Yadira Lira, así como al gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, tomar medidas ante la situación que guarda la dependencia.
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