A casi un año de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de manera definitiva el relleno sanitario de Cholula, opositores a este lugar realizaron una caravana y una asamblea en la Plaza de la Concordia para exigir el desalojo de la empresa Pro-Faj, encargada de la concesión del ex basurero, así como para exponer otras peticiones.

Entre ellas destaca la no reubicación del Centro Penitenciario a la junta auxiliar de San Francisco Coapa, pues aseguraron que dicha acción provocará una sobre extracción del agua y el crecimiento de la marcha urbana.

Foto: Especial

Juan Carlos Flores, asesor legal de las personas que integran la Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el basurero de Cholula y En Defensa del Agua, mencionó que la edificación del nuevo penal de San Pedro Cholula debe ser sometido a consulta.

Sobre qué comunidades deben de participar en dicha consulta, indicó que San Francisco Coapa, porque es la demarcación en donde supuestamente el Ayuntamiento tiene cuatro o cinco predios en análisis.

Acerca del estatus actual del exrelleno sanitario, expresó que las autoridades municipales y federales se han deslindado de sus responsabilidades con el argumento de que deben ingresar más toneladas de basura para poder desalojar la maquinaria de Pro-Faj.

Sostuvo que el alegato referido es una contradicción, pues recordó que el lugar fue clausurado porque excedió su capacidad de almacenamiento de desechos.

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Por lo que respecta a otras demandas de las comunidades, dijo que se oponen a que se otorgue la concesión del suministro del vital líquido a Agua de Puebla, esto en los municipios cercanos a los volcanes.

Igualmente, manifestó que ya se acerca la fecha límite para que el Ayuntamiento de San Andrés Cholula realice una sesión de Cabildo a fin de integrar a los pueblos indígenas en el Plan Municipal de Desarrollo.

Las y los manifestantes realizaron una caravana por distintas juntas auxiliares de San Pedro Cholula y, posteriormente, clausuraron simbólicamente las oficinas del Ayuntamiento presidido por Tonantzin Fernández Díaz.

Ahí, acusaron incumplimiento por parte de funcionarios como Carlos Carrillo Cortés, secretario de Gobernación, quien justificó no haber realizado las pruebas de lixiviados pedidas por los activistas bajo el pretexto de que no obtuvieron permiso de la persona dueña del predio en donde está asentado el exrelleno sanitario.

Es oportuno agregar que algunas personas propusieron tomar la presidencia municipal, pero luego optaron por realizar distintas actividades sociales y culturales en la Plaza de la Concordia.

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